1. Otra ley antiterrorrista
El proceso de formación de las leyes tiene sus vueltas, y más de una vez sucede que, mientras un proyecto va de una cámara a otra, sufre modificaciones, vuelve, es nuevamente retocado, etc., pueden pasar meses por una coma.
Claro que, cuando hay orden de votar, eso no pasa. Y menos cuando son leyes para reprimir más y mejor al pueblo, como ocurrió en estos días con el nuevo proyecto de ley antiterrorista, enviado en octubre por el poder ejecutivo al congreso (ver Boletín nº 630).
“Cuando alguno de los delitos previstos en este Código hubiere sido cometido con la finalidad de aterrorizar a la población, la escala penal se incrementará en el doble del mínimo y del máximo”, dice el texto, que se suma a las leyes antiterroristas sancionadas en 2005, 2006, 2007 y 2009.
No es difícil imaginar un fiscal o un juez que entienda que cortar una calle "aterroriza". En todo el mundo, bajo la batuta del Departamento de Estado yanqui, el GAFi y los organismos internacionales, se aplican estas leyes a los luchadores populares. En nuestro país, a los responsables de atentados terroristas como el dela AMIA se los elige senadores. Menem, electo en la lista del FPV, impulsor durante su presidencia de muchos proyectos antiterroristas, es uno de los que apoya esta nueva avanzada represiva.
“Si la finalidad fuese la de obligar a las autoridades públicas nacionales o gobiernos extranjeros o agentes de una organización internacional a realizar un acto o abstenerse de hacerlo", dice la nueva ley para definir el acto terrorista. Todo reclamo exige, como cuando decimos "Libertad a los presos políticos" o "Juicio y castigo a los policías homicidas". Ni hablar de los reclamos de los trabajadores sobre sus condiciones laborales, ya definidos como “actos extorsivos” por la presidenta, y, ahora, directamente terroristas.
Tan evidente es la potencialidad represiva de la nueva ley, que la salieron a criticar –sin que se le moviera un pelo a sus impulsores- desde parte del propio gobierno, como el CELS, y, graciosamente, desde el establishment económico, porque se le ocurrió a algún funcionario usar como ejemplo de acto desestabilizador y terrorista la compra de dólares durante una corrida bancaria.
Vemos como los ricos estafan, matan y aterrorizan al pueblo con su policía en las calles que tortura y reprime, pero eso es "constitucional" y “en defensa de las instituciones”. En cambio, cuando un pobre se quiere quitar el yugo y acusa a su opresor, es un delincuente terrorista.
2. La “interna” de Scioli y la policía
Esta semana fue noticia la “rebelión policial” de la bonaerense, después de que un grupo de oficiales fuera sancionado por el gobernador Scioli, tras los incidentes de la infantería con un grupo de militantes kirchneristas, embanderados en La Cámpora, que intentaban acceder al acto de reasunción para manifestar su apoyo al vice, Mariotto.
El encontronazo sólo se diferenció de los cotidianos embates de la policía contra manifestantes en que, esta vez, los reprimidos eran integrantes del partido de gobierno. Y en que, a diferencia de lo que suele pasar cuando cargan contra trabajadores antiburocráticos o partidos de izquierda, no hubo muertos ni heridos de gravedad.
La cuestión saltó a las tapas de los diarios, y alcanzó el carácter de “gran escándalo”, con una trascendencia que nunca tienen estos episodios cuando los atacados somos nosotros. Enseguida, el gobierno de la provincia anunció sanciones para los policías involucrados, mientras los uniformados respondían con un acuartelamiento.
Fue un episodio que debe analizarse en el marco de la agitada interna del partido de gobierno, como en cualquier fracción burguesa, pero con las características propias del peronismo, que no es muy diferente a la que hoy divide a los aliados de ayer en el ámbito de la CGT.
Frente al acuartelamiento, enseguida aparecieron los opinólogos y sabihondos de siempre. “Hoy los golpes de estado los dan los policías, no los militares”, advirtió, apocalíptico, el juez de la corte Zaffaroni, y el kirchnerismo aprovechó para que Garré le dijera a Scioli cómo manejar la policía.
Lo que no trascendió tanto, es que la asonada del 12 de diciembre, con acuartelamiento incluido, estaba convocada desde mucho antes, con posteos en páginas como las de Seprin, Apropoba, Apropol o similares, que llamaban a una jornada de reclamos para el día de la renovación de credenciales del gobierno de Daniel Scioli. La consigna era ir a las diversas dependencias policiales, pero negarse a salir a la calle, para exigir lo que ellos llaman “mejores condiciones laborales”, pero que no sólo son mejores sueldos. Porque los policías, como fieles perros guardianes de los poderosos, cuando piden trabajar en mejores condiciones, reclaman más y mejores pertrechos, es decir, más presupuesto para reprimir.
Y, además, exigen que los mandos políticos de la fuerza se hagan cargo de su defensa cuando son “acusados por hechos de servicio”, es decir, cuando los denunciamos porque fusilan, torturan o cometen cualquier otro delito con el uniforme puesto.
Hemos dicho muchas veces –pero nunca es suficiente- que no alcanza con cobrar un sueldo a fin de mes para decir que alguien pertenece a la clase trabajadora. El que defiende los intereses de los explotadores, aunque venda su fuerza de trabajo y perciba un salario, no es un trabajador, conceptualmente hablando. Los policías no pertenecen a la clase trabajadora. Por el contrario, son sus enemigos eternos.
Y eso se advierte cuando vemos lo que reclaman en los petitorios que presentan en estas asonadas, que no son huelgas ni paros, porque esos son derechos de los trabajadores. Reclaman que les den mejores y más poderosas armas, piden que el gobierno los defienda cuando golpean, fusilan o torturan. Exigen legislación más dura para reprimir mejor.
Entonces, si por una parte la “rebelión policial” no es más que una consecuencia, quizás indeseada, de la interna oficialista, por la otra, es el viejo reclamo de que los mandos políticos de turno se hagan cargo de lo que ordenan, en lugar de lavarse las manos frente a los hechos que trascienden, como si los policías hubieran estado custodiando la legislatura con orden de que nadie más entrara sólo porque no tenían otra cosa que hacer.
Nunca vimos, ni veremos, a la policía acuartelada porque no quiere reprimir. Ni en La Plata, ni en ningún lado. Es su tarea, y la cumplen con eficiencia, y no por decisión propia, sino porque están bien subordinadas a sus mandos naturales. Aunque, a veces, cuando pifian el viscachazo, esos mandos políticos intenten soltarles la mano, y hacer como que ellos no ordenaron nada.
3. De policía del terror de estado a consejero escolar
Ya lo dijimos en el Boletín 615: “...más de uno, creyendo que en la urna pone un voto, en realidad va a estar metiendo una bota” mientras informábamos sobre los policandidatos que integraban listas de los diferentes partidos, fracciones y listas, del kirchnerismo como de la variada “oposición”.
Hoy, después de las asunciones del 10 de diciembre, otra bota integra las filas de la “política de los Derechos Humanos”.
Raúl Magallanes, ex miembro de la policía bonaerense de Camps y Etchecolatz durante la última dictadura militar, el que, cuando se desempeñó como jefe de seguridad del Intendente Rossi en 2004, puso en funciones como custodios del Palacio Municipal a por lo menos cuatro policías retirados denunciados ante la ex Conadep como represores (Gerónimo Balmaceda, Juan Rivadeneira, Jorge Alberto Verdún y Manuel Moreno); el mismo que en el 2006, en palabras del hoy vicegobernador de la provincia de Buenos Aires, Gabriel Mariotto, fue acusado de ser “el López Rega de Rossi”, este obscuro hombre fue uno de los candidatos del Frente Para la Victoria y acaba de asumir como consejero escolar de Lomas de Zamora.
Desde CORREPI no nos sorprende el hecho de que los K, quienes impidieron que Patti integrara el Congreso, incluyan en sus listas joyas de la represión como Magallanes; no nos sorprende que para el CELS sea mucho más fácil levantar la voz cuando se trata de denunciar la gobernación de Bussi.
No es para sorprenderse, tampoco, el hecho de que Magallanes, este candidato del kirchnerismo, antes de que el kirchnerismo existiera, en 1997, fuera acusado por enriquecimiento ilícito junto al Jefe de Seguridad de la casa de gobierno de la provincia de Buenos Aires, Alberto Rodríguez, entre otros; que haya sido investigado, junto a otros 32 comisarios de la policía bonaerense, por delitos comunes relacionados con una red de apoyo al ex comisario José Ribelli, acusado en el atentado contra la AMIA; ni que haya formado parte de la “maldita policía” de Duhalde.
Muchos gremios vinculados a la educación, organizaciones sociales, sindicales, partidos de izquierda y vecinos estuvieron realizando acciones para impedir la asunción de este personaje nefasto, pidiendo además el impedimento del ejercicio de cualquier cargo político y la investigación de su actuación durante democracia. El personaje nefasto asumió, otro más que mete la bota.
Parece que otra vez vamos a ser nosotros, aquellos a los que las cosas no nos parecen a veces bien y a veces mal, porque tenemos principios y convicciones, quienes por medio de la organización y la lucha vamos a seguir peleando. No es un policía, son todas las instituciones.
4. Sus propios justicieros.
Los “encargados de preservar la seguridad” también usan, para resolver sus asuntos personales, las mismas herramientas con que nos reprimen a diario.
En los días pasados, se dieron distintos episodios de esta variante que ya Rodolfo Walsh caracterizaba como “intrafuerza” o “intrafamiliar”, donde las armas del aparato represivo se vuelven contra sus propios integrantes.
En San Juan, dos hombres fueron detenidos, sospechados de haber participado del crimen del policía Mario Vega, quien frecuentaba discotecas gays de la ciudad. Entre los siete allanamientos en busca de pruebas, está incluida la vivienda de otro policía.
La provincia de Jujuy se conmocionó por el doble homicidio cometido por un gendarme, que apuñaló a su mujer, Yudith Cari, de 27 años, y a su hijo Tiago, de apenas dos años, asfixiado por sumersión en el baño de la vivienda. Frente a terrible atrocidad generada por quien es entrenado para matar, que aplicó sus habilidades con sus seres más cercanos, el personal policial aún no encuentra siquiera una pista de dónde podría encontrarse el gendarme prófugo.
En Mendoza, se produjo una discusión entre dos adolescentes. Inmediatamente después, el padre de uno de ellos, policía, desenfundó su arma y mató al padre del otro chico, e hirió a la madre.
El hecho, para más claridad, ocurrió cuando ambas familias ya estaban en la comisaría, donde se iba a realizar un chequeo médico a los pibes que habían peleado.
Cuatro ejemplos, en una semana, de la criminalidad policial, esta vez, entre ellos mismos.
5. Tercerización de la represión estatal: Otro ataque a los trabajadores de la línea 60
El lunes pasado, los choferes de la línea 60 pararon el servicio durante tres horas en respuesta al ataque que sufrieron de parte de la patota de la UTA y de la empresa. Se trató de una amenaza de muerte a un trabajador, en la cabecera de Constitución, para que no declare contra la empresa en una causa penal.
"A la noche un trabajador del lavadero de Monsa fue amenazado con arma de fuego. Es el tercer caso de amenaza en el lavadero, de amenazas por parte de los nuevos empleados que contrata la empresa como parte de su política. La empresa trajo nuevo personal para "minar" la base. Parte de ese personal se encarga de hacer ese trabajo, es una patota" dijo Néstor Marcolín, delegado de base.
Los trabajadores de la línea 60 ya han realizado quince denuncias por amenazas recibidas de parte de la empresa y la burocracia de la UTA, en contra del cuerpo de delegados de base.
Los choferes evaluaron en asambleas lo ocurrido y votaron volver a reunirse para aprobar el estado de alerta y movilización, para luego impedir el ingreso en el playón de Constitución de los empleados que contrató la compañía para conformar la patota que amedrentó a uno de sus compañeros.
Los trabajadores de esta línea vienen protagonizando un largo conflicto, en defensa de sus condiciones de trabajo, contra la triple alianza antiobrera del Estado, la empresa y la burocracia. Hace tres meses, uno de sus delegados, Néstor Marcolín, sufrió el ataque incendiario de su auto, que estaba estacionado en la puerta de su casa (Boletín nº 627).
Pocos días después le tocó el turno al delegado Daniel Farella. Cinco individuos armados irrumpieron en su casa a la madrugada, suponiendo que lo encontrarían, pero él no estaba. Rompieron todo, y agredieron a su nieta de 15 años, a la que ataron y golpearon, mientras le mostraban la foto de la libreta de trabajo de su abuelo y amenazaron con matarlo si continúan los reclamos laborales. (Boletín nº 629).
Estos ataques reiterados son la respuesta del estado, la patronal y la burocracia, a la organización independiente que los trabajadores se dan para defender sus intereses. Como decimos siempre, más temprano que tarde, todo reclamo, todo conflicto, cada lucha, choca con la ineludible represión.
Enfrentarla organizadamente, venga del aparato represivo oficial, con uniformes, o del oficioso, con las patotas de la burocracia sindical, es una tarea imprescindible en el camino de la defensa de los intereses de los trabajadores.
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