Durante el último mes, el “campo argentino” como si fuera una esencia homogénea apareció enfrentado al “estado”, otra abstracción. Los “piquetes paquetes” se disfrazaron de pueblo y golpearon cacerolas reclamando no perder ni un centavo de las rentas extraordinarios. Le respondió una plaza de mayo que batió el bombo sin preguntar demasiado como es esto del mecanismo redistributivo . En una puja distributiva debe ser claro desde el principio no solo a como y que se saca sino como y a quien se da. Pensar que el estado es un árbitro equitativo y que representa al “conjunto de la sociedad” es, por lo menos, pecar de ingenuidad.
Hoy, en Córdoba, tuvimos una perla más del rosario de arbitrariedades que el actor estado comete en contra del “campo profundo”. En este caso, el del Noroeste cordobés de la agricultura de subsistencia que intenta resistir la prepotencia sojera.
El gran problema en el norte de Córdoba, es que los auténticos poseedores no tienen títulos de propiedad. ¿Por qué? Ellos están ahí “desde siempre”, en tierras comunales adecuadas al uso caprino. La acreditación de la propiedad privada que funda la lógica del derecho civil no fue su preocupación. Los títulos, que vienen de las mercedes españolas tenían otros nombres o ninguno . Pero la ley distingue entre “poseedores” los que están efectivamente en el campo y los que tienen “títulos dominiales” dando prioridad a los primeros. Por muchos años el conflicto estuvo latente pero con la fiebre sojera estalla. En el marco del nuevo modelo tecnoproductivo cada ha. adquiere un valor impensado y los poderosos acuden a mañas varias para quedarse sin más vueltas con los campos y expulsar a los campesinos. Testaferros, unos pocos pesos a unos para que enfrenten a otros que comparten el campo, alambradas nocturnas, “mejoras” repentinas son estrategias para hacerse de la posesión, mientras el título se consigue por otras vías. El poseedor de siempre pasa a ser entonces usurpador. Se expulsa a los campesinos de la tierra para extender la frontera agropecuaria. El progreso, se dice. Las organizaciones sociales acompañan la resistencia a este avance.
Pues bien, ayer en Sebastián Elcano, uno de los centros conflictivos, se anuncia el remate de 80 has para el día de hoy. Remata el Banco de Córdoba a un acreedor, con título dominial pero sin posesión, que nunca pagó sus créditos. Se trata de uno de los organizadores del festival de la doma de Jesús María. El anuncio dice “campo desocupado”. Pero hay 20 has. en las que vive por 19 años la familia Ortiz, miembros del Movimiento Campesino de Córdoba, con agricultura de subsistencia. (El jefe de familia quedó parapléjico domando un caballo del portador del título, que siempre miró para otro lado tras el accidente). La familia tramitaba penosamente su título en el inútil Registro de Poseedores, creado por la administració n de la Sota para dar respuesta a estos problemas. (Hasta ahora no dio ninguna).
Pues bien, sin avisos, sin notificación, entre gallos y medianoche, se llama a remate. La ley dice que debe consultarse antes al tal Registro de Poseedores para establecer fehacientemente que no hay trámites iniciados. Nada se pregunta, nada se tramita desde el juzgado y el llamado al remate habla de campo “desocupado”, un rótulo tentador para el que quiere comprar sin lizas judiciales.
El remate se lleva a cabo, en Córdoba capital, a las diez de la mañana. El abogado del Movimiento Campesino de Córdoba, Joaquín González, se presenta y en la puja levanta la mano. El rematador pregunta cuánto ofrece. El dice que el remate es ilegítimo e ilegal y que hay ocupante veinteñales en el campo. Lo echan de la sala y lo llevan preso a la seccional primera mientras el remate continúa.
Las organizaciones sociales van llegando a la seccional primera y Joaquín sale a las pocas horas. Otra batalla aguarda.
Hoy, en Córdoba, tuvimos una perla más del rosario de arbitrariedades que el actor estado comete en contra del “campo profundo”. En este caso, el del Noroeste cordobés de la agricultura de subsistencia que intenta resistir la prepotencia sojera.
El gran problema en el norte de Córdoba, es que los auténticos poseedores no tienen títulos de propiedad. ¿Por qué? Ellos están ahí “desde siempre”, en tierras comunales adecuadas al uso caprino. La acreditación de la propiedad privada que funda la lógica del derecho civil no fue su preocupación. Los títulos, que vienen de las mercedes españolas tenían otros nombres o ninguno . Pero la ley distingue entre “poseedores” los que están efectivamente en el campo y los que tienen “títulos dominiales” dando prioridad a los primeros. Por muchos años el conflicto estuvo latente pero con la fiebre sojera estalla. En el marco del nuevo modelo tecnoproductivo cada ha. adquiere un valor impensado y los poderosos acuden a mañas varias para quedarse sin más vueltas con los campos y expulsar a los campesinos. Testaferros, unos pocos pesos a unos para que enfrenten a otros que comparten el campo, alambradas nocturnas, “mejoras” repentinas son estrategias para hacerse de la posesión, mientras el título se consigue por otras vías. El poseedor de siempre pasa a ser entonces usurpador. Se expulsa a los campesinos de la tierra para extender la frontera agropecuaria. El progreso, se dice. Las organizaciones sociales acompañan la resistencia a este avance.
Pues bien, ayer en Sebastián Elcano, uno de los centros conflictivos, se anuncia el remate de 80 has para el día de hoy. Remata el Banco de Córdoba a un acreedor, con título dominial pero sin posesión, que nunca pagó sus créditos. Se trata de uno de los organizadores del festival de la doma de Jesús María. El anuncio dice “campo desocupado”. Pero hay 20 has. en las que vive por 19 años la familia Ortiz, miembros del Movimiento Campesino de Córdoba, con agricultura de subsistencia. (El jefe de familia quedó parapléjico domando un caballo del portador del título, que siempre miró para otro lado tras el accidente). La familia tramitaba penosamente su título en el inútil Registro de Poseedores, creado por la administració n de la Sota para dar respuesta a estos problemas. (Hasta ahora no dio ninguna).
Pues bien, sin avisos, sin notificación, entre gallos y medianoche, se llama a remate. La ley dice que debe consultarse antes al tal Registro de Poseedores para establecer fehacientemente que no hay trámites iniciados. Nada se pregunta, nada se tramita desde el juzgado y el llamado al remate habla de campo “desocupado”, un rótulo tentador para el que quiere comprar sin lizas judiciales.
El remate se lleva a cabo, en Córdoba capital, a las diez de la mañana. El abogado del Movimiento Campesino de Córdoba, Joaquín González, se presenta y en la puja levanta la mano. El rematador pregunta cuánto ofrece. El dice que el remate es ilegítimo e ilegal y que hay ocupante veinteñales en el campo. Lo echan de la sala y lo llevan preso a la seccional primera mientras el remate continúa.
Las organizaciones sociales van llegando a la seccional primera y Joaquín sale a las pocas horas. Otra batalla aguarda.
Susana R.
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