(Página 12) Sólo 180 detenidos del centro penitenciario de Rivera, al norte de Uruguay, sostienen el ayuno que 2500 presos de ese y otros cuatro penales del país iniciaron el miércoles pasado en protesta por la muerte de 12 compañeros en un incendio en la cárcel de Rocha. Según aseguraron fuentes del servicio penitenciario, "las reivindicaciones que esgrimen son de carácter judicial sin referencia a los hechos de Rocha".
A mediados de semana, 2500 presos de los penales de Rocha, Rivera, Canelones y Comcar comenzaron una huelga de hambre en protesta por los muertos durante el incendio.
Los 1240 detenidos de Comcar, el penal más grande del país, que participaban del ayuno levantaron la medida el jueves, mientras que la población adherida a la protesta de cárcel de Canelones, cerca de 750 internos, la abandonaron hoy.
Otros 130 internos de la cárcel de Rocha -donde se registró el incendio- cesaron el ayuno el miércoles, luego que se iniciara el traslado de gran parte de los reclusos a otros centros penitenciarios.
El incendio, aparentemente accidental, consumió un bloque entero que albergaba a 20 presos, de los cuales 12 murieron y ocho sufrieron quemaduras graves. Según un informe del comisionado parlamentario para el sistema carcelario, Álvaro Garcé, la posibilidad cierta de incendio afecta a más del 80 por ciento de la población en estado de detención del país.
El reporte atribuye este riesgo a la existencia de "ranchadas" o "tolderías" (divisiones con frazadas o sábanas en las celdas) en varias cárceles del país, la insuficiencia de medios para controlar focos ígneos, la escasez y recargo del personal de custodia, su incompleta capacitación y la ausencia de directivas claras para enfrentar situaciones de grave emergencia.
Según datos oficiales, en mayo de este año había 8863 presos en todo el país, una cifra que se cuadruplicó en 20 años, mientras que las prisiones tienen capacidad para albergar a poco más de seis mil personas.
El parlamento uruguayo aprobó el martes con apoyo de todos los partidos políticos una ley de emergencia carcelaria que prevé la construcción de nuevos establecimientos penitenciarios y habilitará la creación de 1500 puestos de trabajo como guardiacárceles, entre otras medidas.
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