miércoles, agosto 01, 2012

Gatillo fácil a la española


(AW) Juan Pablo Torroija, militante argentino que residía en Barcelona, fue detenido por la policía conocida como Mossos d'Squadra, en la noche que va del martes 10 al miércoles 11 de julio, en la ciudad de e Girona. Horas más tarde fue llevado al Hospital Trueta, con diversos golpes y signos de asfixia. a los tres días murió. La policía afirma que se ahorcó. El relato de otro inmigrante dice algo diferente.

Barcelona, 30 de julio de 2012 (Cosecha Roja).-

Murió un okupa argentino en España: sospechan de la policía

El ciudadano argentino Juan Pablo Torroija vivía en un Okupa de Girona, España. Hace veinte días fue detenido por la policía y golpeado de forma salvaje. Agonizó durante dos días en un hospital y murió en circunstancias extrañas. Ni su familia ni el consulado argentino fueron avisados de la muerte.

Hoy, el cónsul argentino en Barcelona, Felipe Álvarez de Toledo, le exigió a la justicia española conocer las causas de la muerte de Juan Pablo Torroija. "Esta mañana presentamos dos escritos ante los tribunales: uno de ellos pidiendo conocer las circunstancias de la muerte de Torroija, y otro para que el cuerpo no sea inhumado", explicó Álvarez. Los familiares esperan que la Cancillería se sume al reclamo de esclarecimiento. Exigen una nueva autopsia y ser parte querellante en el caso.

"La familia y nosotros mismos conocimos los hechos hace muy poco. Por esta razón, la causa debe permanecer abierta hasta que se esclarezcan los hechos de la muerte de este ciudadano argentino", agregó Álvarez de Toledo.

Hace siete años, Juan Pablo se fue a vivir a España. Quería estar al lado de Jazmín, su novia de entonces. Se vinculó al movimiento okupa de Barcelona, que busca recuperar viviendas abandonadas. El año pasado, cuando la Marcha de Los Indignados se desperdigó por Europa, las cosas se pusieron difíciles. A él y a todos sus compañeros de militancia los echaron de los viejos edificios y empezaron a perseguirlos. Tuvo que irse de la okupa Barna y llegó a Girona.

De 41 años y con una hija pequeña, en la nueva ciudad tenía pocos amigos. Todos sus conocidos estaban en Barcelona o en La Plata y Buenos Aires, sus territorios de antes. Estaba buscando naturalizarse en España y por eso tenía sus documentos en regla. En cada registro que firmaba, Juan Pablo dejaba el teléfono de su excompañera española: por si lo necesitaban, por si alguien lo buscaba.

El 10 de julio, a días de su cumpleaños, Juan Pablo desapareció. Este sábado, tras 18 días de buscarlo y llamarlo a los teléfonos de sus conocidos, la familia Torroija se enteró de que llevaba muerto dos semanas. También supieron, en Argentina, que algo extraño le había pasado.

Ese día, o tal vez el miércoles 11, la Policía de Girona, conocida como Mossos d'Squadra, lo detuvo en la calle. Estaba solo. Lo llevaron a la Comisaría Vista Alegre y de allí al Hospital Trueta, en el centro de Girona; al menos la ambulancia provenía de ese lugar. Aún no había amanecido. Tenía signos de ahorcamiento. La Policía dijo que Juan Pablo había intentado suicidarse. El relato de otro inmigrante dice algo diferente.

Un chico italiano llegó el 13 de julio a la casa de Mariano, uno de los pocos conocidos de Juan Pablo en la nueva ciudad. Le dijo que estaba en el hospital y que unos policías lo habían ahorcado; eso le describió con señas y casi en silencio. Después, el chico italiano se despidió. Solo agregó que él también se iría: los Mossos d'Squadra lo habían amenazado y ahora temía por su vida.

El conocido de Juan Pablo fue al hospital y lo vio agonizar. El cuerpo está guardado en una morgue judicial de Girona.

La familia Torroija se enteró este sábado de esa parte de la historia. Tuvieron que esperar que un amigo de Juan Pablo fuera a España a buscarlo y allí se encontrara con el relato de Mariano, el otro okupa. "Nos dijo que cuando Mariano lo vio estaba todo golpedo en la cabeza, en las costillas del lado izquierdo, en los brazos y con el cuello todo marcado, no por soga, sino por trauma. Que en todos esos lugares estaba cubierto con cinta blanca, como tapando los golpes", contó una allegada de la familia.

Los médicos del Hospital Trueta habían dicho que el argentino tenía daños irreversibles por la asfixia. El 14 de julio, Juan Pablo murió. Según sus familiares, quien lo vio con vida no pudo avisarles porque no sabía cómo comunicarse: la Policía no le había entregado los objetos personales, donde tal vez estaría anotado un teléfono, un correo, una dirección.

El cónsul argentino aún no ha tenido acceso a la causa. Su muerte debió ser informada al consulado argentino en Girona, así también el proceso judicial que significó la aprehensión. "El cónsul de Argentina en Barcelona se enteró el sábado de la historia. Se presentó hoy al fiscal y no le dieron más explicación que la informada en la autopsia. Hay en este caso violación a los Derechos Humanos, estamos hablando de apremios ilegales y de torturas en situación de cárcel", dice una allegada a la familia.

Entre Argentina y España hay un océano de distancia. Eso lo saben ahora los familiares de Juan Pablo. Primero, no han podido investigar los hechos o elevar un reclamo de justicia; segundo, no han logrado la repatriación del cadáver. Los amigos del okupa, antes asentados en Barcelona, hoy andan dispersos por toda España, no son ya el grupo cerrado y fuerte de antes de la crisis económica, que podría luchar contra algún desmán oficial. Sus conocidos en Girona son pocos y tienen miedo: temen que por escarbar en el caso de Juan Pablo los persigan aún más, que, como dijo Mariano, "se les vuelva a ir la mano".

El hermanastro de Juan Pablo, junto a su excompañera y su hija, se presentaron con abogados al Juzgado N.° 1 de Girona. Sus intenciones eran que se realizara una nueva autopsia y que los policías que actuaron en la detención fueran interrogados. El juez desestimó ese pedido y agregó que no hay más para investigar: que la muerte del okupa argentino fue un suicidio. Al paso de los hechos, la causa será archivada en 15 días.

La respuesta que obtuvieron las autoridades consulares no fue mayor. Les entregaron el acta de la autopsia y el gobierno local les pidió disculpas por no haber informado del fallecimiento del ciudadano argentino.

Mza: 9no Encuentro de la Comunicación Comunitaria Alternativa y Popular

Los días 19 y 18 de agosto se realizará el 9° Encuentro de la Comunicación Comunitaria, Alternativa y Popular en la localidad de Guaymallén, Mendoza, organizado por la Red Nacional de Medios Alternativos.









Para participar del 9vo Encuentro de la Comunicación Comunitaria, Alternativa y Popular, escribí a 9encuentro@rnma.org.ar

Más información y contactos en (0261) 155341962 (Noticiero Popular Mendoza)/ (0261)155401317 (GiraMundo TV -Mendoza)
9encuentro@rnma.org.ar - www.rnma.org.ar/encuentro

Anotarse

Desde el 2004 nos encontramos para debatir, compartir experiencias y seguir caminando juntxs el camino para la construcción de otra comunicación. Este año, bajo el lema Construyamos otra comunicación, Multipliquemos las voces proponemos debatir sobre la comunicación alternativa, comunitaria y popular, desde una mirada puesta en el contexto actual. Además de compartir talleres prácticos y de debate.

Desde la Red Nacional de Medios Alternativos, convocamos a estudiantes, trabajadorxs, a vecinxs, organizaciones sociales, colectivos y medios de comunicación y a todas aquellas personas que quieran a participar de este encuentro hagan o no comunicación. ¿el objetivo? Seguir ejerciendo nuestro derecho a comunicar y comunicarnos.

Esperamos que este encuentro sea un espacio de amplia participación y rico en discusiones, en el que podamos intercambiar análisis políticos, prácticas y herramientas comunicacionales en diferentes soportes.

El mismo se llevará adelante los días 18 y 19 de agosto en la Casita Colectiva y escuelas aledañas en San José, departamento de Guaymallén. Estos dos días contarán con diferentes paneles de discusión y talleres donde compartir experiencias y abrir perspectivas sobre las prácticas de televisión, radio, gráfica y de la organización colectiva en general.



DESDE BUENOS AIRES SALDRAN MICROS

EL DÍA 17 DE AGOSTO A LAS 19,30 DESDE EL CID, ANGEL GALLARDO 752 C.A.B.A

Se puede reservar los pasajes a 9encuentro@rnma.org.ar abonando el total del pasaje hasta el día 30 de julio.

MENDOZA, 18 y 19 de agosto de 2012

9º encuentro de la Comunicación Comunitaria Alternativa y Popular

Noticias antirrepresivas - boletín informativo 667 CORREPI



Torturas en Salta: “Autoquerella” del gobierno.

Desde hace unos días, y como mencionáramos en el Boletín N° 666, cobraron notoriedad las torturas aplicadas por cinco policías a dos jóvenes en la comisaría 11ª de General Güemes, Salta -algo que CORREPI viene denunciando permanentemente desde hace 20 años como política de estado-, a raíz de un video que comenzó a circular en internet, en el que se veía a los torturadores en plena acción. Los medios de comunicación lo levantaron como noticia y distintos funcionarios políticos tuvieron que salir a dar explicaciones.

Como ocurrió, por ejemplo, en el caso por el asesinato de Walter Bulacio o en el de Franco y Mauricio, asesinados en José León Suárez en 2010, el gobierno kirchnerista utilizó la misma estrategia para limpiar su responsabilidad: inmediatamente después de difundidas las imágenes, la provincia de Salta se presentó como querellante en la causa contra los seis policías (los cinco que se ven en el video, más el que lo filmó), pretensión que fue rechazada por el juez Farah, al igual que el pedido de presentarse como querellante dela Comisión de Derechos Humanos de Diputados. ¡El estado, para defenderse, quiere ser querellante contra sí mismo!

El intento de presentarse como querellante del kirchnerista Urtubey, por medio de su ministro de Seguridad, Sylvester, intenta despegar al estado de su responsabilidad en la aplicación sistemática de torturas que, precisamente, utiliza como herramienta de control social -mayoritariamente sobre jóvenes de los barrios más pobres-, junto con el gatillo fácil.

Tenemos una víctima diaria que muere por la tortura o gatillo fácil. Desde CORREPI denunciamos permanentemente esta política represiva y el objetivo por el cual el estado la lleva a cabo. Sin embargo, funcionarios como Urtubey, Sylvester, Pace, utilizando la teoría de la “manzana podrida”, salen a hablar de estos policías como “bestias”, “miserables” o a decir que “no son policías sino delincuentes vestidos de policías", en una doble maniobra: en principio, para correr el foco de la responsabilidad del estado, entregando así, ante la mirada de la opinión pública, al engranaje más débil y reemplazable: los policías, pretendiendo ocupar el lugar de víctima o de afectado cuando en realidad son los victimarios. Por otra parte, aplican la herramienta legal que los legisladores ponen al servicio de los jueces para que éstos puedan garantizar impunidad a mismos verdugos: siempre “apremios ilegales”, nunca tortura, basándose en la explicación de que, como estamos en democracia, el submarino seco, el submarino mojado, la picana eléctrica, los golpes, etc., no son torturas.

La imputación de apremios ilegales en la causa contra los seis policías (Matías Cruz, Marcos Gordillo, Alberto Ontiveros, Leonardo Serrano, Héctor Ramírez y Roberto Barrionuevo) es otra muestra de cómo el estado protege mediante el sistema judicial a quienes ejecutan la represión. A diferencia de la tortura, los apremios ilegales tienen penas menores y son excarcelables; y, fundamentalmente, encubren la responsabilidad estatal, al no ser considerados técnicamente como delito de lesa humanidad (así lo estableció la Corte Suprema en el caso del comisario Derecho, en 2007).

Así vemos como funciona toda la maquinaria en su conjunto: por un lado condenan discursivamente a los torturadores que se dejan agarrar, mientras les aplican figuras legales que minimizan el hecho en sí y lo despegan de su naturaleza de crimen de estado.



Gatillo Neuquino: entre el aumento de los efectivos y las torturas a los presos....

En la ciudad capital de Neuquén, en la zona oeste (conocida por ser uno de los lugares más pobres de la ciudad sureña) en el barrio Cuenca XV, Matías Casas, de 19 años, fue asesinado por dos disparos en la espalda (uno de ellos le atravesó el abdomen) con el arma reglamentaria del suboficial Esteban Méndez de la comisaría 1ª del área de Investigaciones, quien lleva casi 24 años de servicio en la fuerzas del estado.

El lunes a la medianoche, Matías y su novia Micaela estaban en moto en una plaza del barrio, a punto de reunirse con sus amigos en la casa de una compañera. Mientras charlaban, se acercó el hijo adolescente del policía asesino. "Matías le dijo al pibe que le dijera al hermano que tenía que hablar con él", contó Adriana, la mamá de Micaela. Pero el pibe no se fue a buscar al hermano, se fue a buscar al padre... Mientras, Matías y Micaela caminaban bajando la calle con la moto al lado para despedirse. En ese momento apareció Méndez (quien paradójicamente gozaba de la "licencia policial") preguntando"¿quién es Matías?" y sin lugar a nada disparó entre los chicos una bala que hasta ahí no llegó a herir a ninguno. Matías subió a su moto e intentó escapar del lugar asustado, pero Méndez, fiel a su entrenamiento, con cuidado se preparó y apuntó, disparando dos tiros en la espalda del joven. Una Ford Ranger recogió al suboficial para seguir a Matías, quien, como pudo, siguió hasta las calles Novella y Rosario, donde cayó agonizando por desangramiento.

En el piso, el joven fue pateado por Méndez que ya se había bajado de su camioneta, no contento con verlo morir así como así. Loreley, la hermana de Matías, vio cómo el policía asesino, acompañado por una oficial que lo encubrió, lo pateaba a pesar de que el chico ya no daba más. Los demás policías se ocuparon de alejar a la gente, en una clara maniobra por encubrir al cobarde y a la institución. Matías siguió camino hasta caer a unos metros, donde un taxista lo socorrió y llevó de urgencia al hospital.

Matías finalmente falleció a las 9 de la mañana del lunes, en el Hospital Regional Castro Rendón. Su hermana, con muchísima bronca, dijo en una entrevista a un medio local: "Nosotros queremos que quede bien claro que mi hermano no tuvo tiempo de defenderse. Además queremos conseguir el nombre de los policías que intervinieron para accionar contra ellos porque no queremos que encubran a este tipo, porque esto es un caso de gatillo fácil".

La esposa del policía se acercó a la Comisaría 18ª a eso de las 3 de la mañana, a radicar la denuncia contra Matías por "agredir" a su hijo, arguyendo que fue quien inició el conflicto amenazando con un arma. Horas después, al enterarse del deceso, la cobardía policial no fue suficiente y Méndez se vio obligado a entregarse, siendo trasladado a la Unidad Penal nº 11 para no sufrir incidentes, según los voceros oficiales. Y habrá que detenerse a pensar si en esa cárcel los policías cuentan, como en casi todas, con todo el privilegio y la seguridad a su alrededor, mientras los presos son brutalmente torturados por las palizas y otros métodos más "sofisticados", como alertan las reiteradas denuncias que hacen a través de los organismos de derechos humanos y las distintas organizaciones políticas de la región.

Unas tras otras, imágenes, hechos y palabras, ponen en evidencia que el accionar policial no es un aparato que deja al azar la acción, el proceso, y el resultado: mientras al suboficial le levantan las vainas de los cartuchos que él disparó, lo trasladan a una celda cómoda en un penal donde el amedrentamiento les otorga un poder sistemático, y le caratulan la causa como un simple homicidio, los pibes pobres en los barrios siguen siendo asesinados todos lo días, sin la posibilidad de vivir lo que ellos quieren.

A la policía les queda el Estado. A nosotros, la organización y la lucha.

Dos formas de aplicar la misma política represiva: desaparición y criminalización de la protesta.

La represión selectiva, la que caracterizamos como aquella que el Estado descarga sobre los que se organizan y luchan contra la explotación, tiene varias formas de ser aplicada según las circunstancias específicas de cada caso y de lo que requiera el poder para cada necesidad. El objetivo siempre es el mismo: frenar la lucha y disciplinar a los trabajadores para que agachen la cabeza y acepten la explotación.

En este caso tenemos el ejemplo de dos formas diferentes de aplicar esta política: por una parte, la desaparición de Daniel Solano en Choele Choel y por otra la criminalización de la protesta que sufre la comunidad de Indio Colalao, donde la justicia libró órdenes de detención para 25 integrantes de esta comunidad en Tucumán, misma provincia donde la policía asesinó al dirigente indígena de 68 años, Javier Chocobar.

Daniel Francisco Solano desapareció el 5 de noviembre de 2011 en la localidad rionegrina de Choele Choel. Había viajado desde Salta, de donde era oriundo, para trabajar en la cosecha de frutas. La explotación sufrida, las precarias condiciones de trabajo y vivienda y la paga miserable lo llevaron a organizarse contra la patronal de Agro Cosecha, pata local de la multinacional Expofrut. Fue elegido delegado por sus compañeros y estaba impulsando una huelga a la que iban a adherir 250 de los 300 trabajadores golondrinas que trabajaban con él. En un principio, la patronal intentó comprarlo como alcahuete de sus compañeros. Ante la negativa de Daniel, se planificó su desaparición en Macuba, un boliche de la zona, donde dos testigos vieron como cuatro policías lo golpeaban y subían a un móvil. Estos dos testigos, una pareja que iba en moto, siguió al patrullero hasta un descampado, donde Daniel fue subido a otro vehículo en el que iban tres policías de civil y ahí les perdieron el rastro.

Cuando esta pareja se dirigió a la comisaría a hacer la denuncia, vieron que dos de los policías que estaban ahí, eran los mismos que habían levantado a Daniel. A partir de ese momento, comenzaron a recibir amenazas, al igual que la familia de Daniel Solano, que se trasladó a Choele Choel para buscar su cuerpo y exigir justicia.

El padre de Daniel permanece en Río Negro, y levantó, junto con la solidaridad de los vecinos, nucleados en la Comisión Solidaridad y apoyo a la familia Solano, una carpa para continuar denunciando lo que pasó con Daniel y lo que sufren los jóvenes cotidianamente: aprietes, torturas y detenciones arbitrarias. Gualberto Solano se encadenó en la fiscalía y realizó una huelga de hambre para exigir la detención de los policías Sandro Berthe, Pablo Bender, Juan Barrera, Diego Cuello, Héctor Martínez, Pablo Albarrán y Roberto Quidel, todos ellos implicados materialmente en el secuestro y torturas de Daniel. En total hay 22 policías imputados y desde la familia se exige que se investiguen las responsabilidades de la empresa y se busque al que entregó a Daniel. La única respuesta que obtuvo la familia por parte del gobernador de Río Negro, Alberto Weretilneck, fue la orden de que levanten el campamento.

En Tucumán, el fiscal Guillermo Herrera ordenó la detención de 25 comuneros de Indio Colalao a pedido del terrateniente Fredy Moreno Núñez Vela. La comunidad viene llevando a cabo desde hace tiempo una lucha contra el avance sojero sobre sus tierras y esta medida, claramente, es un intento de amedrentamiento para que la comunidad abandone la lucha. El gobierno kirchnerista de Alperovich echa mano a todas las herramientas que el menú represivo le ofrece: desalojos, asesinatos y en este caso el código penal. Bien le vino enviar a su gabinete a la Reunión Plenaria del Consejo de Seguridad Nacional (ver boletín N° 602) para saber que herramienta aplicar según el caso.

La política es la misma, lo que cambia es la herramienta. En Río Negro se recurrió a la desaparición y en Tucumán al poder judicial. Lo que representan también es lo mismo: los intereses de los explotadores: terratenientes, multinacionales y pooles sojeros. Al igual que el gatillo fácil y las torturas en lugares de detención, es una política de Estado, ejecutada por sus empleados: policías, jueces y fiscales. Nuestra respuesta por ello, no puede ser otra que la organización y lucha. 

Plan Ahí: la militarización continúa.

En el marco del Plan Nacional de Abordaje Integral (Plan Ahí), el gobierno kirchnerista anunció, a través del Ministerio de Seguridad que dirigen Nilda Garré y su secretario de Seguridad, Sergio Berni, el envío de las FFAA a varias villas de la ciudad de Buenos Aires y el Gran Buenos Aires.

Así, se mandaron tropas del ejército y equipos a cuatro barrios pobres de la localidad bonaerense de San Martín, cercana a Campo de Mayo; la Fuerza Aérea desplegó un hospital militar de campaña y otros equipos en la villa “1-11-14” del Bajo Flores y la Armada se instaló en la villa 31 de Retiro.

Este nuevo despliegue de fuerzas represivas para el control social de los barrios, se suma a los operativos Cinturón Sur y Centinela, mediante los cuales gendarmería militarizó los barrios más pobres de la ciudad de Buenos Aires y otras del país, y a medidas para incrementar la presencia policial en las calles, como la creación de la policía vecinal.

De esta manera, un trabajador que vive en Lugano, por poner un ejemplo, sale de su casa, y en pocas cuadras se encuentra con la Policía Federal, la Policía Metropolitana, la Gendarmería, la Prefectura y ahora, las Fuerzas Armadas. Lindo panorama como para pensar en organizarse y cambiar las cosas ¿no?

Este modelo de militarización para el control social no es nuevo, el kirchnerismo lo ha importado de Brasil y Colombia, donde los respectivos gobiernos atestaron las villas y los barrios pobres de militares y policía, argumentando “un avance en la lucha contra el delito y el narcotráfico”, cuando, en realidad, las fuerzas represivas cumplen la misma función de siempre, la única que pueden cumplir en este sistema, que es la de ejercer el control social que el mismo estado le encarga.

Este tipo de medidas, que este gobierno “nacional y popular” viene llevando a cabo desde el inicio de su gestión allá por 2003, vienen de la mano de toda una búsqueda de consenso, con explicaciones que apuntan a la “mejora de las condiciones de vida” de la gente de los barrios más pobres, argumentando que las fuerzas armadas van a realizar trabajos de infraestructura y a solucionar problemas. Nilda Garré declaró ante los medios que “mediante este plan vamos resolviendo los problemas que tienen los habitantes de las villas. Lo hacemos en todo el país, aunque en la Ciudad de Buenos Aires, como el Gobierno de la ciudad no se ocupa de los sectores humildes y más vulnerables, debe ocuparse el Estado Nacional”.

Por su parte, Sergio Berni, secretario de Seguridad, afirmó que “ni de aquí en adelante ni nunca” el gobierno ordenará a las fuerzas de seguridad federales “reprimir una protesta social”. Silencia, claro, la represión de Prefectura a los trabajadores del Casino en 2007; la represión con la Gendarmería a los manifestantes en los cortes contra la megaminería; la represión a los docentes de Sta. Cruz y en el Indoamericano por la Policía Federal, y muchísimos ejemplos más, que nos muestran que este gobierno, lejos de no reprimir la protesta social, se especializa en reprimir –con el costo de 17 asesinados en manifestaciones desde 2003- al tiempo que tratan de generar el mayor consenso posible alrededor de sus medidas represivas. Con argumentos seudoprogresistas y lindas palabras, disfrazan que la crisis pega duro y que, como buen gobierno que defiende los intereses de unos pocos, debe reforzar el control social sobre el pueblo explotado, no sea que la cosa se desborde.

El forcejeo imposible y el juicio al “violador fácil”.

El 23 de enero de este año, en el barrio porteño de Balvanera, el policía federal Alexis Naredo mató a Yon Camafreitas (18), a pocas cuadras de su casa. A pesar de la evidencia de fusilamiento que surgía de la ubicación del disparo, en el costado derecho de la nuca, y la trayectoria de la bala, de arriba hacia abajo, una confusa declaración del policía, basada en una larga serie de “no me acuerdo” y en la afirmación muy poco original de que “se le cayó el arma, no sé cómo se montó y disparó”, le valió el dictado de una falta de mérito, con lo que salió en libertad.

Seis meses después, las pericias encargadas al gabinete de policía científica de Gendarmería cuentan una historia bien diferente:

La pistola 9 mm estaba apoyada en el cráneo de Yon, tan cerca que los restos de la deflagración de pólvora entraron directamente en la herida, atravesando limpiamente la gorra roja que llevaba puesta. Si el disparo se hubiera producido a mayor distancia, los gases y partículas hubieran quedado en la tela.

En segundo, pero no menor lugar, los peritos determinaron que la única posición de víctima y victimario que permite hacer coincidir, en la trayectoria del disparo, los orificios de entrada y salida en la cabeza de Yon y el posterior impacto en una persiana de metal a 80 cm.del suelo, es con el policía de pie y Yon semi agachado. Las demás hipótesis, incluida la que sostuvo el asesino, de que ambos estaban de frente y de pie, fueron descartadas por “inviables”.

Pese a que este informe se recibió en la fiscalía 38ª hace dos semanas, Naredo sigue libre.

También en libertad está otro policía federal, Jesús Walter Yapura, que el 1º de enero de este año forzó a un niño de 14 años, amenazándolo con su arma reglamentaria, a practicarle una fellatio en la estación Congreso de Tucumán del subterráneo de la Línea D.

Esta semana, el 1º de agosto, el tribunal oral nº 1 iniciará el juicio al policía violador, que fue excarcelado por la cámara criminal pocos días después del hecho, a pesar de que está procesado por abuso sexual doblemente calificado.

Dada la edad de la víctima, y la naturaleza del crimen, el juicio se celebrará sin público, con la familia del niño como querellantes, acompañados por CORREPI.

No se escucha a los habituales comunicadores que sistemáticamente agitan con la peligrosidad de delincuentes sueltos, preocuparse por estos dos criminales vestidos de uniforme que caminan muy tranquilos por nuestra ciudad.

lunes, julio 30, 2012

Los Qom, rehenes sin agua y sin alimentos

El martes comenzó a llover. Las familias acorraladas pidieron a los policías que les permitan a familiares y amigos acercarles maderas para quemar, y plásticos para cubrir los techos


TUCUMÁN.- El 12 de julio pasado la Presidenta Cristina Fernández entregó la netbook número dos millones a una adolescente de la comunidad Qom de Formosa. En la oportunidad, se refirió al “País de la igualdad y la inclusión” e invitó al País “a participar de esta experiencia, que es imaginar a la Argentina del futuro. 
"Se podrá comprobar de lo que somos capaces los argentinos” Una semana más tarde, Israel Alegre denunciaba que a pesar de haber recibido las netbooks, estaban en poder de la Directora de la Escuela y los niños nunca las volvieron a ver. 
El domingo 22 de julio, la Policía de la Provincial sitió a 42 familias de la misma comunidad a la que pertenecía la adolescente que recibió por cadena nacional la computadora. Los NamQom se negaron a abandonar sus tierras ancestrales, donde el Estado instaló una antena de un canal y una repetidora de Radio Nacional. 
La policía sostenía que tenía orden judicial de desalojo aunque nunca pudo mostrarla. La prensa llegó al lugar al registrar lo que ocurría y en ese momento la Policía permitió el ingreso de agua y alimentos al lugar, pero no dejó que nadie saliera ni entrara. El agua corriente fue cortada y el cerco continuó durante todo el fin de semana. Durante la noche se registraron episodios de violencia en el que una mujer embarazada terminó hospitalizada y con su bebé luchando por su vida. 
El martes comenzó a llover. Las familias acorraladas pidieron a los policías que les permitan a familiares y amigos acercarles maderas para quemar, y plásticos para cubrir los techos pero les fue negada la autorización. El agua empapó los suelos y los pies de los comuneros, y algunas personas mayores de edad se enfermaron.