"Queremos que si todas estas peticiones no son solucionadas a la brevedad solicitamos la ‘pena de muerte’, antes de vivir este padecimiento que nos mata día a día”.
El escrito textual es del último punto –eran 14 en total– de las peticiones que los 10 internos del Pabellón 5 que protagonizaron el motín de Almafuerte le mandaron a las autoridades penitenciarias que negociaban con ellos el fin de la revuelta que duró 21 horas y puso nervioso al gobierno de Celso Jaque.
Es que los presos que tomaron de rehenes a 6 guardias, prácticamente empujaron al Ejecutivo a cumplir con su principal pedido que era ser sacados de Almafuerte, para en principio ser llevados a San Felipe y San Rafael y evaluar luego por pedido de los mismos internos ser llevados a otras provincias.
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Los presos –entre los que se encuentran Fabián Cedrón, que mató a un policía y Ricardo “Pitu” González que asesinó a la maestra Claudia Oroná en 2004- dijeron en su petitorio que querían ser trasladados “por temor a represalias tomadas por este Servicio Penitenciario pero no queremos medida judicial, ya que ninguno de los detenidos posee problema con nadie. Este acto es pacífico, por haber agotado todos los medios ante distintas autoridades”.
En el medio de las negociaciones y la tensión que se vivía minuto a minuto por la resolución del conflicto hubo confusión, se habló de un muerto, de heridos, de armas y el gobierno cosechó críticas por cómo se llegó a esa situación y por cómo se resolvió el motín y este martes Félix González, ministro de Gobierno armó una conferencia de prensa con las autoridades que actuaron en el motín para dar detalles del caso y avisó que están dispuestos a ir a la Bicameral de Seguridad a dar explicaciones si se los piden.
En la reunión con la prensa estuvieron Sebastián Sarmiento, director del Servicio Penitenciario Provincial; Eduardo Orellana, subdirector del Servicio Penitenciario Provincial y jefe el operativo en el motín; Daniel Vilches, director del penal de Amafuerte y Daniel García, director de la cárcel San Felipe y negociador en la revuelta y todos se hicieron cargo de los resultados que se obtuvieron en el levantamiento.
El mea culpa de ministro político de Jaque y dardos para Orquín
Félix González se cargó sobre sus espaldas las culpas y los errores por el motín y atajó los ataques que le hizo Leopoldo Orquín, ex ministro de Seguridad de Roberto Iglesias quien dijo que “se cedió rápidamente a las exigencias de personas de gran peligrosidad, dejando un antecedente difícil para el futuro”.
 Sebastián Sarmiento, del Servicio Penitenciario y el ministro González. |
El ministro de Gobierno puntualizó: “asumo la responsabilidad política de todo lo actuado y dejo en claro que acá ha trabajado personal capacitado. Cada paso que dimos fue evaluando las condiciones de seguridad. Se podría haber evitado y es obvio que cometimos errores. Nesitamos saber en qué fallamos para corregirlo. A mi no me interesa, sinceramente, realizar una cacería de brujas sobre el personal penitenciario a quien valoro y voy a respaldar totalmente. Nuestro objetivo es analizar el error para que sirva para el futuro. El sistema es de altísima complejidad y a este tipo de errores estamos expuestos cotidianamente”.
González también le respondió a Orquín y manifestó “yo respeto a Orquín pero para hacer la evaluación que hizo había que estar en el lugar y no comparto en lo más mínimo esa afirmación. Esto había que resolverlo y resolverlo rápido. No se podía esperar 48 horas. Había 6 penitenciarios tomados de rehenes. En las decisiones que tomamos nos hacemos responsables y creemos que era lo mejor que podíamos hacer”.
Internos con “capacidad de reflexión nula” y “tortura psicológica” a guardias
Sebastián Sarmiento contó que en las 21 horas que los guardias “no les dieron ni agua, pasaron horas duras”. Indicó además que fueron “insultados, golpeados y amenazados, lo que representa una tortura psicológica muy grande”.
El titular del Servicio Penitenciario Provincial expresó además que los guardias volverán a sus tareas cuando estén en condiciones.
 Eduardo Orellana, a cargo del operativo del motín. |
Eduardo Orellana, a cargo del operativo para resolver el motín señaló que primero había que garantizar que no haya fuga y se dio seguridad a todas las personas que participaron de la situación de crisis.
El subdirector del Servicio Penitenciario expresó que los internos que participaron del motín “debido a su baja edad tuvieron un trato violento y dispar” y aseguró que son personas con “capacidad de reflexión nula”.
 González con las autoridades penitenciarias. |
Orellana también dijo que los presos rebeldes “en un principio le hicieron decir a uno de los rehenes que había una persona muerta, tiraban propuestas dispares, cambiaban de interlocutor y nos amenazaron diciendo que tenían armas de fuego”.
En el operativo, según el funcionario del Servicio Penitenciario, intervinieron 60 personas del Grupo Especial de Operaciones Penitenciaria y del Grupo Especial de Seguridad de la policía con francotiradores, equipo de visión nocturna, equipo de escucha y organización logística dada la inclemencia del tiempo.
Evalúan traslado de los presos a otras provincias
Luego del motín y de haber trasladado a 8 internos a San Felipe y 2 a San Rabel, ahora el Gobierno dijo que “evalúa” que sean llevados a otras provincias aunque, según González “no está definido todavía”.
El ministro de Gobierno explicó que “se ha solicitado un cupo federal que es lo que posibilita la toma de una decisión en caso de ser necesario a distintos penales de la Argentina”.
El funcionario también manifestó que “las decisiones las vamos a tomar con la anuencia del sistema judicial en el caso de que tengamos y dentro del marco de la ley”.
Según Sarmiento "no hemops incumplido nada del petitorio. Los propios internos gritaban ir a otras provincias. Operativamente era mucho más rápido acordar el traslado a San Felipe".
Este es petitorio que hicieron los presos que tomaron Almafuerte.
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Motín en Almafuerte: entre mentiras, puntos oscuros e improvisaciones
La revuelta en el penal de Cacheuta no sólo desnudó fallas importantes en materia de seguridad, sino que mostró de manera explícita las internas que estuvieron por encima de la crisis que estaba acontenciendo. Lo mismo ocurrió con algunos funcionarios, que priorizaron su cargo a la resolución del conflicto.
Jorge Hirschbrand jorgeh@elsol.com.ar
Fiel a su estilo, Sebastián Sarmiento, director del Servicio Penitenciario de Mendoza, buscó solucionar de manera doméstica la novedad del secuestro de agentes por parte de internos del Pabellón 5 de máxima seguridad. Lo hizo por varios motivos. A saber: para no desnudar la falencia del sistema de seguridad y video del penal; para no revelar que su tropa fue tomada de rehén por no tener la preparación adecuada y no respetar los protocolos establecidos para las crisis; para evitar que su nombre quedara manchado en medio de una situación conflictiva; para demostrar que él sólo podía con los problemas que emergieron, y, sobre todo, para que no se filtrara que él era parte del problema. Eso demoró todo. Y cuando intentaron reaccionar, ya habían pasado minutos vitales para la resolución de un incidente con estas características.
En una de las primeras comunicaciones radiales entre los presos amotinados y las autoridades, las palabras violentas salidas desde el interior del Pabellón 5 apuntaron a Sarmiento. El titular de las cárceles de Mendoza es un hombre conocido en Almafuerte; dirigió el complejo de Cacheuta mientras David Mangiafico estuvo a cargo del Servicio Penitenciario y le imprimió un modo de conducción con rasgos omnipotentes y omnipresentes.
Una vez que Mangiafico –conocido por contratar a familiares y amigos- fue nombrado como juez de Garantías, Sarmiento se quedó a cargo de todo.
A la crisis del motín se agregó otra crisis: la distancia marcada por Sarmiento con las autoridades policiales y judiciales. El primer indicio lo dio el director de la Policía, Juan Carlos Caleri, quien horas después de desencadenado el hecho, reconoció que había pedido el listado de los internos alojados en el Pabellón 5, pero no tuvo respuestas. Por algún motivo, el Servicio Penitenciario quiso dejar afuera a los especialistas de la Policía de Mendoza.
El segundo punto, y tal vez el más importante, fue la clara discusión que existió entre el director penitenciario y el fiscal de Delitos Complejos, Daniel Carniello, quien - de entrada - le hizo saber a Sarmiento que estaba en desacuerdo con los pasos que estaba dando. Es más, cuando terminó el motín y Sarmiento procuró que su personal pusiera punto final a la historia, Carniello advirtió que lo iba a mandar a detener si no lo dejaba identificar uno a uno a los presos revoltosos y a los agentes que fueron tomados como rehén.
La negociación
En contra de lo que mandan todos los manuales de negociación, que recomiendan que los diálogos y los contactos con los amotinados estén sólo a cargo de especialistas, el Gobierno salió a buscar a un camarógrafo para que formara parte de una extraña estrategia.
La idea era hacerlo entrar con su cámara y simular que estaba grabando. Todo, para complacer la demanda hecha por los reos.
El plan se frustró por la negativa absoluta de los trabajadores de prensa que estaban apostados en el lugar. Además, consideraron el pedido como un manotazo de ahogado en medio de la improvisación.
Finalmente, gente de prensa del Ministerio del Gobierno acompañaría con una cámara a la jueza de Ejecución Penal, María Inés Vargas, pero ya sin riesgos. Fue un contacto a unos 15 ó 20 metros de los amotinados, no más.
Cerca de la medianoche, Sebastián Sarmiento hizo una de sus las tantas apariciones por el Casino de Suboficiales de Almafuerte, donde estaba el bunker periodístico. Pidió a las radios y a los canales poder salir en vivo para dar un comunicado que, a la postre, sería confuso.
En ese informe aseguró que los guardiacárceles secuestrados estaban bien, que las negociaciones estaban encaminadas y que los presos habían mostrado una saludable disposición al diálogo.
Sebastián Sarmiento, Felix González y Carlos Aranda.
Horas más tarde, se sabría que la comunicación con los agentes había sido escasa y que nadie sabía qué estaba sucediendo dentro del Pabellón 5. Los presos, liderados por Fabián Cedrón, se habían cansado de hablar, habían conseguido sus demandas hasta ese momento –la presencia de un representante de la Justicia, de prensa y de Derechos Humanos- y decidieron subir el volumen de la música y cortar todo tipo de charla.
Los internos habían hecho otro pedido: un teléfono celular con crédito. Por eso, se sugirió dárselos, intervenir la línea y poder escuchar qué hablaban y con quién hablaban. Sarmiento se negó. Y para cuando lograron convencerlo, los amotinados desistieron y rechazaron el aparato.
La noche transcurrió en silencio. "Nos replegamos", dijo Sarmiento cuando, en realidad, fueron los presos lo que interrumpir el contacto. En medio de la madrugada, un funcionario diría off the record que "estamos desconcertados... no sabemos qué puede estar pasando".
En la mañana, a partir de la comunicación iniciada por Cedrón por radio, todo cambió. Apurados por resolver el tema, la negociación se convirtió en un compendio de concesiones.
Básicamente, se decidió complacer todo los puntos planteados por los presos. A partir de ahí, sólo quedó espacio para rezar y esperar a que los reos cumplieran con su palabra. Y se sentó un peligroso un antecedente: el Gobierno negocia con delincuentes y lo hace de una manera llamativa: entrega todo lo que le piden.
Resultado: se logró liberar a los agentes retenidos y los delincuentes más peligrosos de la provincia lograron la promesa de ser trasladados a cárceles de mediana y baja seguridad o de otras provincias. Casi una vía de escape.
Fuente: el sol online
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