Reclamos. El Gobierno custodia las protestas sociales.
En medio de los conflictos que aquejan al Gobierno, un grupo de organismos de derechos humanos elaboró un detallado informe sobre la criminalización de la protesta social durante el kirchnerismo. En él se revela que, entre 2001 y 2011, se les abrieron causas a 2.268 personas y hubo setenta muertos en el marco de reclamos sociales, incluyendo casos resonantes como el maestro neuquino Carlos Fuentealba o el joven Mariano Ferreyra.
Según el estudio, el 47,1% del total de los casos se dio en dos años: 2009 y 2010. En cuanto a los sectores sociales involucrados, los gremialistas y los pueblos originarios suman el 63% de los casos. El sector sindical ocupa el primer lugar (el 31,6%), seguido de los miembros de pueblos originarios (31,4%). El 11,5% correspondió a partidos políticos, el 2,6% a los ambientalistas y el 2,3% a reclamos estudiantiles, entre otros.
“Se trata de distintos tipos de acciones en el marco de protestas, desde trabajadores acusados por ocupaciones de fábricas, cortes de ruta, reclamos por tierra y vivienda o reclamos de estudiantes. En la mayoría de los casos hay procesados, y algunos que han terminado con soluciones alternativas. Pero el relevamiento es en todos los casos de criminalización penal”, explicó a PERFIL Martín Alderete, de la Coordinadora Antirrepresiva por los Derechos del Pueblo, y abogado del Pollo Sobrero (el sindicalista del tren Sarmiento que fue encarcelado y luego liberado por falta de pruebas).
Entre los conflictos, aquellos reclamos vinculados a pedidos por tierras o viviendas suman el 32,3% del total, mientras que aquellos conflictos que involucran los derechos y reclamos de los trabajadores suman el 31,7%. En tercer lugar, aparecen los reclamos estudiantiles con 10,1%.
“La criminalización de la protesta es una estrategia política que presenta ante la sociedad la lucha por los derechos sociales como delitos”, se puede leer en el informe. “Es un instrumento que ha sido utilizado con diferentes intensidades por todos los gobiernos, y que hoy aplica el gobierno de Cristina Fernández de Kirchner para intentar disciplinar y amedrentar a todos los que cuestionan la miseria y la opresión”, agrega.
Por su lado, según el documento por el cual se relevaron casos de 167 organizaciones y comunidades, la mayoría se dieron en 2009 (el 14,3%) y, en especial, en 2010 (el 32,9% de los casos). Según explicó María del Carmen Verdú, de Correpi (Coordinadora contra la Represión Policial e Institucional), hay dos factores que explican la cantidad de causas en esos años. “En primer lugar, en ese período la mayoría son trabajadores organizados. El hecho de que haya una nueva camada de dirigentes gremiales surgidos de las bases que confronta con la burocracia sindical, como en el subte o en Kraft hace que los conflictos tengan menos protección contra el poder estatal. Basta mirar cuántas causas tuvieron los camioneros de Moyano en ese período.” Para Verdú, en segundo lugar, la crisis económica también colaboró: “En la medida en que se empeoran las condiciones de los trabajadores, hay más necesidad de pelear contra los despidos, las tercerizaciones, los aumentos de salarios”.
Por su parte, según el informe de los organismos de DD.HH. nucleados en el Encuentro Memoria, Verdad y Justicia, el 48% de los casos se dio en el área metropolitana. Le siguen Río Negro con el 23,4%, Neuquén con el 5,8%, Santa Cruz con el 5,4% y Tucumán con el 4,3%.
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