La ministro de Seguridad, Nilda Garré, admitió hoy "desconcierto" al detectar casos de corrupción en la Policía Federal y ratificó el plan del gobierno para mantener el "control político" de las fuerzas de seguridad.
Además, en un comunicado que publicó esta madrugada en su cuenta de Twitter, Garré sostuvo que "el remedio contra la corrupción son activas políticas de transparencia, instituciones firmes de control político y un desempeño cada vez más profesionalizado de las Fuerzas Policiales y de Seguridad".
La funcionaria se refirió así a las denuncias que presentó el jueves ante la justicia contra 20 policías federales de distintos cargos por cohecho y enriquecimiento ilícito.
Según la denuncia, oficiales de las comisarías 7, 28 y 44 eran al parecer dueños de "inmuebles, vehículos, yates y otros bienes suntuosos" y de "cuentas bancarias con movimientos irregulares".
Al respecto, Garré señaló hoy que llegó a la justicia "el resultado de una pormenorizada investigación en torno a lo que en la jerga se conoce como "quintas", o cohecho".
"No es la primera investigación de este tipo que judicializamos", acotó la ministra.
Y, reconoció que "en cada oportunidad que los mecanismos de control político descubren connivencia con el delito por parte de agentes del Estado, nos embarga el desconcierto".
"A nosotros, los funcionarios políticos, y seguramente también a todos los policías, gendarmes y prefecturianos honestos que, estoy convencida, son la mayoría de los efectivos de nuestras fuerzas federales", añadió al admitir el desconcierto.
En ese marco, sostuvo que "la complicidad con el delito es grave y más aún cuando los involucrados son los mismos que deberían confrontarlo".
Garré remarcó ante ello el mandato de la presidenta Cristina Fernández de "afirmar el control político de estas fuerzas, modernizarlas tecnológicamente, articular las políticas públicas con la participación ciudadana y extender a las provincias todo el apoyo necesario para avanzar juntos en el mismo sentido".
"Las policías están en la primera línea de lucha contra el delito. En todas partes del mundo esto representa un riesgo de corrupción por los volúmenes de dinero que maneja el crimen, pero fundamentalmente por la tentación de ejercicio absoluto de autoridad. Ese es el origen de las "quintas" que denunciamos, los sistemas de recaudación ilegal o la "venta de protección"", acotó.
Tras reseñar que "la corrupción en instituciones policiales es una preocupación de las autoridades en todo el mundo", destacó en el caso local "la importancia del control por parte del poder político legítimamente constituido".
Garré recordó que había "creado un Área de Recepción de Denuncias dentro de la "Secretaría de Cooperación con los poderes Judiciales, Ministerios Públicos y Legislaturas" y que, dijo, "incluye la línea telefónica gratuita de recepción de denuncias 0800-555-5065".
"El 'control político' puesto en marcha es porque 'debe ser' 'institucional', no 'personal', para evitar que al cambiar una gestión política, la inercia corporativa empuje un reacomodamiento a la situación de autogobierno precedente", acotó.
Garré dijo estar "convencida que el remedio contra la corrupción son activas políticas de transparencia, instituciones firmes de control político y un desempeño cada vez más profesionalizado de las Fuerzas Policiales y de Seguridad".
"Ese es el mandato político de nuestra presidenta y el mayor resguardo para los derechos y garantías de todos, incluidos aquellos que hacen opción por la profesión de proteger a la comunidad ante el delito", finalizó.
Además, en un comunicado que publicó esta madrugada en su cuenta de Twitter, Garré sostuvo que "el remedio contra la corrupción son activas políticas de transparencia, instituciones firmes de control político y un desempeño cada vez más profesionalizado de las Fuerzas Policiales y de Seguridad".
La funcionaria se refirió así a las denuncias que presentó el jueves ante la justicia contra 20 policías federales de distintos cargos por cohecho y enriquecimiento ilícito.
Según la denuncia, oficiales de las comisarías 7, 28 y 44 eran al parecer dueños de "inmuebles, vehículos, yates y otros bienes suntuosos" y de "cuentas bancarias con movimientos irregulares".
Al respecto, Garré señaló hoy que llegó a la justicia "el resultado de una pormenorizada investigación en torno a lo que en la jerga se conoce como "quintas", o cohecho".
"No es la primera investigación de este tipo que judicializamos", acotó la ministra.
Y, reconoció que "en cada oportunidad que los mecanismos de control político descubren connivencia con el delito por parte de agentes del Estado, nos embarga el desconcierto".
"A nosotros, los funcionarios políticos, y seguramente también a todos los policías, gendarmes y prefecturianos honestos que, estoy convencida, son la mayoría de los efectivos de nuestras fuerzas federales", añadió al admitir el desconcierto.
En ese marco, sostuvo que "la complicidad con el delito es grave y más aún cuando los involucrados son los mismos que deberían confrontarlo".
Garré remarcó ante ello el mandato de la presidenta Cristina Fernández de "afirmar el control político de estas fuerzas, modernizarlas tecnológicamente, articular las políticas públicas con la participación ciudadana y extender a las provincias todo el apoyo necesario para avanzar juntos en el mismo sentido".
"Las policías están en la primera línea de lucha contra el delito. En todas partes del mundo esto representa un riesgo de corrupción por los volúmenes de dinero que maneja el crimen, pero fundamentalmente por la tentación de ejercicio absoluto de autoridad. Ese es el origen de las "quintas" que denunciamos, los sistemas de recaudación ilegal o la "venta de protección"", acotó.
Tras reseñar que "la corrupción en instituciones policiales es una preocupación de las autoridades en todo el mundo", destacó en el caso local "la importancia del control por parte del poder político legítimamente constituido".
Garré recordó que había "creado un Área de Recepción de Denuncias dentro de la "Secretaría de Cooperación con los poderes Judiciales, Ministerios Públicos y Legislaturas" y que, dijo, "incluye la línea telefónica gratuita de recepción de denuncias 0800-555-5065".
"El 'control político' puesto en marcha es porque 'debe ser' 'institucional', no 'personal', para evitar que al cambiar una gestión política, la inercia corporativa empuje un reacomodamiento a la situación de autogobierno precedente", acotó.
Garré dijo estar "convencida que el remedio contra la corrupción son activas políticas de transparencia, instituciones firmes de control político y un desempeño cada vez más profesionalizado de las Fuerzas Policiales y de Seguridad".
"Ese es el mandato político de nuestra presidenta y el mayor resguardo para los derechos y garantías de todos, incluidos aquellos que hacen opción por la profesión de proteger a la comunidad ante el delito", finalizó.
Fuente: Los Andes online
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