El secuestro y reaparición de Alfonso Severo.
Después de todo un día de estar desaparecido, Alfonso Severo reapareció el jueves 5 por la noche. Veinticuatro horas antes, había sido interceptado por dos hombres en moto que lo secuestraron y le pegaron, amenazándolo para que no declare en el juicio que se lleva adelante contra los dirigentes de la burocracia sindical ferroviaria, algunos integrantes de la patota y policías por el asesinato de Mariano Ferreyra.
El secuestro de Severo ocurre en un contexto de crecientes amenazas a testigos de la causa. Sin ir más lejos, el lunes de la misma semana pasada denunciábamos los aprietes de los que fue víctima José “Cacho” Andino, militante del Movimiento Teresa Rodríguez, quien también fue abordado por dos hombres en moto y amenazado para que no declare (ver boletín n° 674). Ambos, Severo y Andino, debían declarar el jueves 4 en el juicio.
El objetivo de los aprietes es evitar que la declaración de los testigos deje todavía más claro el accionar que llevaron adelante la empresa, la burocracia y el Estado aquel 20 de octubre, con la intención de disciplinar a los trabajadores organizados por fuera de la burocracia. El plan de la Triple Alianza Antiobrera para aleccionar a los trabajadores jamás cesó. Ahora, además de seguir reprimiendo a los trabajadores, también secuestran y amenazan a quienes los señalan.
Severo, ex empleado de Ferrobaires y ex integrante de la Unión Ferroviaria desde el ’84, estuvo en la reunión que se concretó el 19 de octubre del 2010, donde, en las palabras del propio Severo en la instruccion: “…fueron citados la totalidad del personal de Ferrobaires por Humberto Rolando Martínez -delegado de la UF- para constituirse el 20 de octubre e impedir que los tercerizados cortaran las vías, para 'hacerles el aguante.”
Durante las horas que Severo estuvo desaparecido se reveló, una vez más, quiénes defienden los intereses de los trabajadores y quiénes cumplen con la función de explotarlos, y lo diferente que es hablar de los desaparecidos o luchar por los desaparecidos. Rápidamente, las organizaciones de los trabajadores y el pueblo nos pusimos en pie de lucha, marchando a Plaza de Mayo para denunciar la responsabilidad del Estado y exigir la aparición con vida de Severo.
Mientras tanto, desde el gobierno sólo rompió el silencio Julio Alak, ministro de Justicia y Derechos Humanos, para decir que "Ni la Justicia ni Severo pidieron su inclusión en el listado de testigos protegidos". El programa de protección de testigos no es otra cosa que poner al victimario a cuidar a la víctima. Bajo una supuesta “protección”, se facilita al aparato represivo estatal el contacto y la vigilancia de quien pide ser protegido, justamente, del propio aparato represivo. Por lo tanto, no es de ninguna forma la solución para este tipo de hechos.
A poco de haber sido liberado, Severo remarcó su adhesión al kirchnerismo y explicó que esto “podría haberse evitado si Néstor Kirchner estuviera vivo”. La pertenencia ideológica de quien es víctima de la represión estatal, no quita la responsabilidad del gobierno en el hecho represivo, aun a pesar del propio Severo. La policía, las patotas con las que tercerizan la represión, la gendarmería, o cualquier otra fuerza que integre el aparato represivo del Estado, no preguntan cuál es la afinidad política de su víctima a la hora de reprimir a quien represente un peligro para el sistema de los ricos. Por otra parte, durante el mandato de Néstor Kirchner fueron desaparecidas, con intervención directa de las fuerzas de seguridad del Estado, 40 personas, entre ellas, Julio López.
El “gobierno de los DDHH” es, hoy, el ejecutor de la política represiva estatal. No se trata de patotas o grupos de tareas heredados del pasado sino de la metodología cotidiana de un Estado que necesita reprimir para mantener el sistema tal cual está y salvar a sus mejores aliados, la burocracia y la patronal. Es por esto que el Estado es responsable del secuestro de Adolfo Severo, quien, con su testimonio, puede ayudar a exponer que los tres integrantes de la Alianza Antiobrera siempre tuvieron y tienen los mismos intereses: mantener en condiciones precarias a los trabajadores para explotarlos mejor.
La asonada de los desclasados.
Como decíamos en nuestro comunicado "Desclasados, nunca trabajadores", el motín que iniciaron el martes 3 de octubre los verdugos de prefectura, al cual casi inmediatamente se sumaron los de gendarmería, demuestra a las claras la naturaleza de su despreciable función.
Durante una semana, el conflicto que tuvo como epicentro el Edificio Centinela y el Edificio Guardacostas del barrio de Retiro, recogió adhesiones de la mayoría de las fuerzas represivas. Esta nueva asonada desnuda otra realidad que el gobierno intenta negar: un nuevo ajuste que se descarga con particular fuerza sobre los trabajadores del sector público pero, cabe aclarar, no tiene el mismo tratamiento por parte de los funcionarios del gobierno, que temen quedarse sin represores que les garanticen la continuidad del modelo.
El decreto 1307 desató la furia de los perros guardianes de los poderosos, que les reducía el pago en un 30 y hasta un 60%. Nada se oyó, por parte del gobierno, acerca de "extorsión" o cualquiera de las diatribas a las que nos tienen acostumbrados cuando los que reclaman son maestros o trabajadores de la salud. En cambio, todos se apresuraron para calmar a los prefectos y gendarmes, que acampaban haciendo ollas populares, reuniéndose en asamblea, todos métodos que “aprendieron” haciendo espionaje a las organizaciones populares.
Por su parte, varios funcionarios se reunieron con Cristina Kirchner en la residencia de Olivos, para tratar de solucionar el conflicto. La postura de Cristina Kirchner fue clara: "Quiero que arreglen el conflicto, pero no generen otro". Es que la solución de este problema para el gobierno no va por el lado al que están habituados: cualquier conflicto de trabajadores lo resuelven reprimiendo, ya sea en forma directa o con la aplicación de sanciones penales, pero ¿Cómo van a reprimir a los mismos que se encargan de ejecutar la represión?
Una de las medidas fue pasar a disponibilidad a ocho gendarmes, entre ellos Raúl Maza, vocero de los desclasados, que soltó entre sus declaraciones, joyas como ésta: "Cuando uno ve llorar a un tipo porque no puede llegar a fin de mes, creo que desgarra a cualquiera y siente impotencia, entonces uno dice ‘carajo, hay que hacer algo’". Cabe preguntarse qué es lo que hacen los gendarmes cuándo ven a un trabajador llorando porque no llega a fin de mes, o a un desocupado, desesperado porque no puede llevar un plato de comida a su familia. Para saber la respuesta solo hay que recordar lo que pasó en el Puente de Corrientes en 1999, donde fueron asesinados por la gendarmería Mauro Ojeda y Francisco Escobar; o lo que pasó en Las Heras en 2005, donde la gendarmería torturó a varias personas; o en Mar del Plata en 2006 cuando reprimieron a los trabajadores pesqueros, o con los trabajadores del Casino en 2007. En fin, sobran los ejemplos.
Otra declaración interesante, fue la de la vicepresidenta de la Corte Surema, Elena Highton: "Hay que tener cuidado con el reclamo de las fuerzas de seguridad porque se trata de agentes que están armados y prestan un servicio público muy relevante. No son lo mismo que cualquier trabajador, otros trabajadores pueden protestar de maneras distintas a las que pueden hacerlo quienes tienen armas dadas por el Estado". Más allá en que discrepemos en la caracterización de la jueza, al nombrar a los gendarmes y prefectos como trabajadores, en cierto sentido tiene razón: no es lo mismo cuando reclaman los verdugos que cuando lo hacen los trabajadores. La diferencia, como hemos remarcado anteriormente, es que cuando las fuerzas represivas reclaman, no temen que se los reprima.
Insistimos en que no son trabajadores, no porque “los determine la función”, sino porque defienden los intereses de los poderosos. Sea cual fuere su origen de clase, son policías, gendarmes, prefectos de la burguesía. No es una huelga lo que llevan adelante, es un motín de mercenarios para que se les pague el precio que ellos consideran justo por desempeñar la tarea que tienen asignada: reprimir a los pobres. Por más que imiten nuestros métodos, con asambleas u ollas populares, no forman parte del pueblo, son desclasados al servicio de la clase dominante.
La mejor prueba de ello la tuvimos a segundos de aplacarse el conflicto, cuando, disciplinados al servicio del gobierno y la patronal, embistieron en la Panamericana contra los trabajadores de la Línea 60, movilizados para denunciar un nuevo ataque de la patota de la empresa.
Fuente: boletín informativo nº 675 de CORREPI.
No hay comentarios.:
Publicar un comentario