Represión en Venezuela

Escrito por un integrante del Colectivo Editor de El Libertario
www.nodo50.org/ellibertario, quienes llaman a estar atentos a la
situación que se denuncia, pues todo hace temer una agresión sangrienta
contra las etnias originarias que habitan al occidente del país.

En medio de la maraña informativa condicionada por el referéndum sobre la
enmienda constitucional (a realizarse el 15/02/2009), se han omitido
graves acontecimientos que vienen ocurriendo en el estado de Zulia,
específicamente en la Sierra de Perijá. Se trata de la peligrosa situación
que vive la etnia Yukpa con motivo de la recuperación de sus tierras.
Terratenientes ganaderos han ido tomando posesión de terrenos a sabiendas
de que eran propiedad histórica de los Wayúu, Barí y Yukpas. Estos últimos
reaccionaron en 2008ocupando varias haciendas para rescatar lo que
ancestralmente les pertenece, ante lo cual el Estado reaccionó prometiendo
pagar las bienhechurías construidas por los ganaderos como fórmula de
arreglo.
No obstante, esas cancelaciones no se han cumplido y debido a la merma de
los petrodólares parece poco probable que ocurra. Ante tal posibilidad los
ganaderos han estado presionando a los aborígenes para expulsarlos de las
haciendas recuperadas. El sicariato en la zona está a la orden del día y
la Guardia Nacional Bolivariana (policia militarizada a las órdenes del
gobierno central) ha agredido e intimidado a los que apoyan la causa
indígena, situación que afecta también a quienes prestan servicio de
transporte allí, que ahora están inhibidos de hacerlo por miedo.
El cacique Yukpa Sabino Romero Izarra se encuentra en peligro porque las
amenazas han llovido en su contra y se teme por la acción deasesinos a
sueldo, como los que causaron la muerte de su padre centenario hace un par
de años. Los organismos de derechos humanos se han movilizado tales como
la Sociedad Homo Et Natura - animada por el conocido antropólogo Lusbi
Portillo - y la Red de Apoyo por la Justicia y la Paz. Han efectuado
denuncias ante los tribunales, donde se logró una medida de protección
bien tímida porque la Disip (policía política), encargada de cumplirla,
solo ocasionalmente se presenta al lugar.
Ante esta terrible coyuntura el Estado ha asumido una conducta cómplice.
No es accidental su postura en una zona donde se encuentran las guerrillas
colombianas de las F.A.R.C. y el E.L.N., los desplazados del vecino país
quienes también lesionan los derechos a la tierra de los aborígenes y para
colmo, transnacionales mineras de Irlanda, Brasil, España y Chile,
presentes con bendición gubernamental para extraer el carbón dela manera
más lesiva al ambiente y a la salud pública.
Es necesario hacer del conocimiento de la opinión pública nacional e
internacional este problema, para detener la escalada de los
terratenientes quienes amparados en su posición de fuerza y el
incumplimiento/complicidad del Estado quieren apabullar al sector más
débil. Asimismo, denunciamos que los activistas por los derechos indígenas
y los luchadores ecológicos tienen prohibición de transitar por la zona
debido al estado de sitio fáctico impuesto por la Fuerza Armada
"revolucionaria y bolivariana".
Mientras el oficialismo y la oposición electoral se rasgan las vestiduras
en una pobre campaña, donde sólo se gritan consignas a favor o en contra
de la reelección presidencial indefinida sin discutir nada de fondo y
cayendo en el leguleyismo más ramplón, están sucediendo estos deprimentes
acontecimientos que desnudan la praxis de unmodelo político autoritario
atenuado por la renta petrolera y donde el militarismo se encuentra en
pleno apogeo.
Son expresiones del terrorismo del Estado venezolano cuya trayectoria es
indiscutible y abarca desde las desapariciones en los teatros de
operaciones en los años sesenta realizados por los alumnos de la Escuela
de las Américas, pasando por el genocidio del Caracazo y las masacres de
Yumare, Cantaura, El Amparo, "los Amparitos", Llano Alto y la
Paragua.
Ahora está presente en la Sierra de Perijá y sus destinatarios son las
etnias aplastadas por las transnacionales, los ganaderos y los
desplazados. Todo bajo el mandato de un gobierno y una legislación que
presuntamente benefician a los pueblos originarios.