Más control social en Constitución
Esta semana, la ministra de seguridad, Nilda Garré anunció un plan para “recuperar el control del barrio de Constitución”. El plan consiste en agregar al patrullaje cotidiano 408 agentes a pie, en moto, a caballo, con perros y patrulleros inteligentes, monitoreados por satélite.
Es sabido que Constitución es una de las zonas más calientes en materia de delitos complejos como la trata de personas, el narcotráfico y piratería del asfalto, así como también por delitos comunes como arrebatos y asaltos.
Lo que se quiere ocultar es que todos estos delitos dejan pingües ganancias a la comisaría 16ª, que tiene a cargo esta jurisdicción y a la División Roca, lo que las convierte en parte de las más “cotizadas” –y disputadas por los comisarios- en la ciudad.
“La medida responde a un diagnóstico elaborado por equipos de trabajo del ministerio en base a información de inteligencia criminal, denuncias y datos aportados en las mesas barriales de participación comunitaria” dijo la ministra Garré. También se basa en el “mapa del delito” que coloca a Constitución, por donde circulan diariamente alrededor de un millón de personas, como una zona de “especial vulnerabilidad”.
Lo que esta medida esconde es que “recuperar el control de Constitución” es afinar el lápiz en materia de control social. El barrio está brutalmente golpeado por la pobreza, sólo hay que caminarlo un poco para ver en qué dimensión. Además, en los últimos años fue foco de grandes conflictos sociales y epicentro de la lucha de los trabajadores como la movilización de los tercerizados del FFCC Roca, en la que fue asesinado Mariano Ferreyra, y el conflicto de la línea 60. Por todo esto es imperioso aumentar la vigilancia en la zona.
Los medios buscan legitimar esta medida, que criminaliza la pobreza y la protesta. Hasta los medios opositores la festejan y saludan, remarcando que no es suficiente la actual presencia de uniformados, a pesar de que Constitución es patrullada por la federal, la gendarmería y tiene 56 cámaras de vigilancia distribuidas en 100 manzanas, y, además de la comisaría barrial, la delegación en la estación ferroviaria.
Desde CORREPI insistimos que, con el aumento de verdugos, el único resultado que podemos esperar es que Constitución sea un barrio más inseguro. Semana tras semana exponemos, con ejemplos concretos, que detrás de los delitos se encuentra la mano policial. Como decimos siempre: inseguridad es la policía en la calle.
La represión "progre"
La semana pasada, el CELS avaló el ascenso de 300 militares. El organismo de derechos humanos que ayuda, con cara progresista, a generar consenso para la represión, como lo necesita el gobierno, tomó postura en la promoción decidida por Cristina Kirchner en el ejército, ya que, para el CELS, los militares que son ascendidos no tuvieron participación alguna en crímenes de estado en la última dictadura según su base de datos.
La postura del CELS –la misma que defendiera recientemente Hebe Pastor de Bonafini, cuando declaró que “hay una nueva camada de militares jóvenes con los que hay que hablar”- forma parte de su tesis de "seguridad democrática", en la cual plantean que las fuerzas de seguridad del estado funcionarían al "servicio de la comunidad" con una suficiente participación civil con el fin de democratizarlas, lo que llevaría a terminar con la corrupción y el desbande de los militares y policías malos.
El kirchnerismo se destaca por reprimir con consenso, y el CELS es funcional en esto. En el gobierno con más pibes asesinados por el brazo armado del estado, la mayoría de los policías/gendarmes/militares o el uniforme que sea que no dudaron en apretar el gatillo frente a un pibe pobre, fueron reclutados y "educados" en democracia, y muchos recibieron los cursos de DDHH que tanto apoya el CELS.
CORREPI dice, una vez más, que no compartimos su posición. Aunque los militares o policías no tengan un pasado en la dictadura y hayan recibido una y otra vez cursos de DDHH, siguen teniendo la misma función, en una sociedad dividida en clases: reprimir al pueblo trabajador para mantener seguros a los ricos y poderosos.
El problema no es un policía malo o la corrupción, sino que es toda la institución, que no está al servicio de la comunidad, sino al servicio de los que más tienen a través del gobierno de turno, y que tiene como objetivo mantener el orden establecido para que algunos ganen y muchos pierdan.
En las fuerzas del estado no hay democratización que valga. Con o sin pasado en la dictadura, con o sin participación civil, están para reprimir y lo seguirán haciendo, mientras vivamos en una sociedad con opresores y oprimidos.
El arsenal de la patota de la UOCRA en Comodoro Rivadavia
Las patotas de las burocracias sindicales son moneda corriente, utilizadas por las patronales y el estado para reprimir y disciplinar a los trabajadores luchadores que se organizan por fuera de sus negociados.
Las patotas de la UOCRA, el sindicato de la construcción, son de las más violentas y pesadas. Han perpetrado centenares de apretadas contra los trabajadores del SITRAIC, el sindicato antiburocrático de la construcción, o contra los docentes de ADOSAC. Y también han utilizado la violencia para intentar dirimir a su favor conflictos con otros sindicatos como el de Camioneros, tal como ocurrió en octubre de 2006, el día que trasladaron los restos Juan Perón a San Vicente, o como pasó en mayo de 2008 en un acto oficial del gobierno kirchnerista en la cancha de Almagro.
Esta vez, la noticia llegó desde la ciudad chubutense de Comodoro Rivadavia el 20 de diciembre. En más de 35 allanamientos realizados a afiliados de la UOCRA local y a una armería que los proveía, se secuestraron cerca de 49 armas (la mayoría con los números limados), una ametralladora, 2.000 municiones, granadas de humo y granadas lacrimógenas, “como las usadas por nuestros grupos especiales de la Policía”, aseguró un comisario comodorense.
En aquella ciudad son habituales los ataques con armas de la UOCRA local hacia sectores de trabajadores, igual que los enfrentamientos para zanjar conflictos internos. En los últimos tiempos, la fracción que dirige el gremio y otro grupo disidente que se autodenomina “Los Dragones”, se ha enfrentado a tiros varias veces. En ese marco se hicieron estos allanamientos que, obviamente, terminaron sin burócratas patoteros detenidos.
Así siempre se manejan los verdugos del pueblo trabajador, tanto para intentar quebrar la organización independiente como resolver sus disputas. Y así también se comporta la Justicia, dejándolos en libertad para que sigan haciendo de las suyas.
Tres muertos en cárceles
Walter Ricardo Luna, de 25 años, estaba preso en el pabellón evangelista del Penal 36 de Magdalena. Este jueves hubiese recuperado su libertad, pero fue asesinado antes de conseguirlo. Fue encontrado muerto con múltiples hematomas en su cuerpo.
Jonathan Retamoso, un pibe de 17 años recluido en el IRAR (Instituto de Rehabilitación del Adolescente de Rosario) fue encontrado muerto “ahorcado con su sábana” según la versión de los responsables de su muerte. Jonathan había ingresado pocos días antes a esta cárcel para niños. La versión del “ahorcado” es una de las mentiras más trilladas por la cantidad de veces que se utiliza para encubrir asesinatos por parte de policías o penitenciarios.
En el Penal n° 48 de San Martín, la disputa entre los agentes del servicio penitenciario bonaerense por el manejo de la droga se cobró una víctima fatal, más una docena de heridos. Los penitenciarios encerraron juntos en una celda pequeña a dos pibes que tenían problemas de convivencia entre ellos, y uno de ellos apuñaló con una faca al otro, Luis Molina, de 24 años, quien murió desangrado. Ese mismo día, un preso del pabellón 11 recibió tres puñaladas y debió ser hospitalizado. El día anterior, otros cuatro presos fueron heridos a puntazos en ese pabellón. Martín Almejeiras, preso en esa unidad, se cosió la boca como medida de protesta para exigir mejores condiciones de reclusión, y fue herido a escopetazos por los agentes penitenciarios, terminó con 12 perdigones de goma en su cuerpo, según denunció Jesús Cabral, quien también fue golpeado por los penitenciarios.
La responsabilidad de la institución penitenciaria en las muertes es clara, por acción u omisión de los agentes penitenciarios. Estas instituciones de encierro cumplen un rol claro, disciplinar, alienar y mantener a raya a los pobres, para un control social más efectivo.
Cuatro muertos por el gatillo fácil
Esta semana fueron cuatro los pibes asesinados por el gatillo fácil.
En Quilmes, Leonel, de 20 años, fue fusilado por un cabo de la división motorizada de la policía federal. Su amigo, Walter Díaz, está internado tras recibir un disparo en el brazo. Según la versión policial, que los medios repiten como loros, los pibes habían robado a una pareja. El policía los vio y les disparó. Él alega que ellos lo apuntaron con un arma, pero entre los elementos secuestrados, sólo había un arma y era la del verdugo.
En Córdoba, un pibe de 17 años fue asesinado de un disparo en la cabeza por un policía de esa provincia. El y otro chico estaban robando en una casa cuando llegó la policía. El muchacho, desarmado, intentó fugarse, y recibió el disparo fatal.
En Cipolletti, provincia de Río Negro, cinco chicos iban en un auto robado. Chocaron con un patrullero, y cuatro de ellos lograron escapar. El quinto, Nicolás Scorolli, de sólo 16 años, quedó en el interior del auto. Fue fusilado por un policía de un disparo de Itaka en la cabeza.
En la provincia de Buenos Aires, Emilio Esteban González, un comisario retirado de la bonaerense, asesinó de dos balazos a Matías Martín, un camionero de 20 años, cuando, en medio de un embotellamiento en la autopista, los ocupantes del camión y el ex policía empezaron a discutir. Allí fue cuando este verdugo retirado, sacó su arma y lo asesinó.
El gatillo fácil es, junto a las torturas y muertes en comisarías y otros centros de detención, no un exceso policial, sino un plan sistemático de represión al pueblo trabajador para su control social. Los números lo demuestran, a lo largo y ancho del país. Desde 1983 a la fecha, son más de 3.400 las personas asesinadas por las fuerzas represivas del estado. Gobierne quien gobierne, el estado recurre siempre a la represión para mantener el orden injusto de las cosas.
Petete no es de los que lo mataron
Este 20 de diciembre, en el marco de los diez años de la rebelión popular de 2001 que echó al gobierno de la Alianza UCR-Frepaso, fueron muchos y justos los homenajes que se hicieron a los caídos en aquellas jornadas, y, en particular, en la ciudad de Buenos Aires y el conurbano, a Carlos “Petete” Almirón, el militante de la CPS 29 de Mayo que también activaba en el campo antirrepresivo, integrado a CORREPI.
Uno de los actos centrales se realizó antes de que comenzara la masiva movilización de Congreso a Plaza de Mayo el mismo 20, en la esquina de Av. de Mayo y 9 de Julio, a metros de donde cayó fusilado por la policía federal cuando, junto a centenares de compañeros, avanzaba hacia la Casa Rosada.
Pero hay “homenajes” que repugnan, y causan el efecto de un ultraje.
Es lo que sentimos frente a la iniciativa del intendente de Lanús, Darío Díaz Pérez, que, en un acto en el municipio, anunció la firma de un decreto en el que dice que “merece ser recordado el vecino del partido Carlos Almirón, uno de los 38 argentinos caídos en las jornadas de diciembre de 2001, quien fuera un incansable luchador por los derechos humanos y estudiante destacado de Sociología de la UBA”.
Y el funcionario, que hoy sirve al kirchnerismo con tanta devoción como lo hizo con las anteriores “versiones” peronistas, desde la “renovación” de Grosso y Cafiero hasta el menemismo y el duhaldismo, dispuso que un espacio público de la ciudad de Lanús lleve el nombre de Petete. Díaz Pérez, además, resolvió ceder a perpetuidad a la familia de Carlos la parcela del Cementerio Municipal donde descansan sus restos. Nos matan, y después nos regalan la tumba.
En abril de 2001, otro oportunista, el diputado “socialista” Roy Cortina, impulsó un proyecto similar al cumplirse 10 años del asesinato de Walter Bulacio, que incluía poner su nombre a una plazoleta frente al Estadio Obras y convertía el 19 de abril en el “Día de la no violencia contra los jóvenes”, CORREPI respondió: “Hace ya bastante que se manifiestan algunas formas de ‘homenaje’ institucional a los luchadores políticos y sociales del pasado reciente. En el ámbito legislativo, además del proyectado MONUMENTO A LOS DESAPARECIDOS, se ha instituido el 24 de marzo como "DIA DE LA MEMORIA" y el 16 de septiembre como "DIA DE LOS DERECHOS DE LOS ESTUDIANTES SECUNDARIOS". Al manifestar nuestro rechazo al proyecto del monumento en la Costanera, dijimos que esa iniciativa contiene, más o menos expresa, la vocación de anclar en el pasado y ‘desaparecer’ nuevamente la real causa del martirio de los militantes que dieron todo de sí por los oprimidos. Recuerdan la lucha pasada, a la que sostienen que nunca debe volverse, detrás de un pacifismo que reniega de esa lucha para suprimir todas y cada una de las reales causas de la pobreza, la opresión, la exclusión, que siguen vigentes”.
Con esas palabras, que en su momento suscribió Carlos Almirón, en tanto militante de CORREPI, repudiamos el intento del intendente kirchnerista de apropiarse de la memoria del compañero, que cayó combatiendo todo lo que Darío Díaz Pérez y los de su clase representan y defienden.
