Un comunicado de prensa emitido por la Comisión Provincial por la Memoria denuncia que se agravó aún más la crisis en las cárceles bonaerenses. Crecen el hacinamiento, la tortura y la violencia. Hubo dos detenidos muertos en peleas en menos de una semana. Como de costumbre, el Estado Provincial desobecede las órdenes judiciales.
19|02|2011
Tortura, hacinamiento y violencia
Anónimo
La decisión del Estado Provincial de trasladar detenidos de comisarías a cárceles sin contar con la infraestructura adecuada, produjo un colapso de las cárceles provinciales donde se registra hacinamiento, sobrepoblación y saturación de todos los servicios. Esta situación impacta también en un aumento de la violencia y de mayor práctica de la tortura y malos tratos. Esto se registra en la mayoría de las cárceles. A modo de ejemplo: la Unidad 28 de Magdalena aloja 789 detenidos en 578 plazas, la Unidad 35 encierra 850 personas en 700 lugares, la Unidad Nº 8 de mujeres aloja 54 detenidas en un pabellón con capacidad para 30.
La CPM inspeccionó días atrás la Unidad 28 de Magdalena donde constató situaciones graves de hacinamiento, sobrepoblación, violencia institucional y torturas. Dos detenidos murieron por peleas permitidas por el SPB, en menos de una semana. La misma situación se había constatado en esa Unidad en noviembre del año pasado y un Juez de garantías había ordenado medidas urgentes. El Ministerio de Seguridad y Justicia desobedeció la orden judicial y profundizó las graves condiciones de detención alojando aún a más personas.
Durante el mes de enero el Ministerio de Seguridad y Justicia, anunció el traslado de detenidos de comisarías a cárceles, para desalojar estos lugares de detención que registraban hacinamiento y sobrepoblación de más del 300 %. Informaba que solo quedaban en comisarías 2.100 detenidos. Esto provocó un colapso de las cárceles provinciales, donde ahora se agrava el hacinamiento, la sobrepoblación, saturación de todos los servicios y aumento de la tortura y la violencia institucional.
A modo de ejemplo: la Unidad 28 de Magdalena aloja 789 detenidos en 578 plazas, la Unidad 35 encierra 850 personas en 700 lugares, la Unidad Nº 8 de mujeres aloja 54 detenidas en un pabellón con capacidad para 30. Pabellones de cárceles de Varela que deben alojar 35 detenidos alojan 60. La Unidad 1 de Olmos superó, luego de mucho tiempo de alojar cerca de 1.700 detenidos, los 2.000.
El viernes 5 de noviembre de 2010, la CPM inspeccionó la Unidad nº 28 de Magdalena constatando graves violaciones de los derechos humanos de los detenidos, los que dieron origen a un Habeas corpus colectivo en trámite ante el Juzgado de Garantías Nº 6 de La Plata, a cargo del Dr. Fernando Jorge Mateos, Secretaría a cargo de Reinaldo Carlos Baraglia. En dicha oportunidad se constató que la capacidad total fijada por el propio SPB en 578 plazas, se encontraba desbordada, alojando 712 personas. En el Pabellón de Separación del Área de Convivencia se comprobó:
Hacinamiento: 3 y hasta 4 detenidos en celdas de 6 mts2 que deben alojar 1 solo, con letrinas tapadas, olor nauseabundo, escasa ventilación, aislamiento absoluto de 24 hs sin salida a patio o duchas con chapón ciego que impide todo contacto con el exterior, falta de acceso a toda actividad educativa, laboral o recreativa, instalaciones eléctricas muy deficientes y de riesgo.
Nula atención médica: varios detenidos con problemas de salud grave, no eran llevados a Sanidad ni atendidos por médico alguno.
Torturas y malos tratos: Se registraron gran cantidad de casos de golpizas de parte de agentes penitenciarios.
Delegación de la violencia: El SPB delega la violencia en otros detenidos que con la anuencia o autorización de los agentes, atacan y roban pertenencias de quienes ingresan al pabellón. El SPB permanece como observador de los hechos sin impedirlos y también participa luego de la comercialización de los objetos sustraídos a los detenidos. En ese pabellón no se repara en criterio alguno para el alojamiento de personas, alojándose detenidos sancionados, con medida de seguridad, en admisión o esperando traslado. Procesados o penados indistintamente.
Luego de llevar a cabo distintas pericias que corroboraron lo denunciado y constatar personalmente lo denunciado por la Comisión por la Memoria, el Juez dispuso el 18 de noviembre de 2010 hacer lugar al Habeas Corpus colectivo ordenando:
1.- Que el alojamiento de detenidos no exceda bajo ningún concepto el cupo de cada celda, que todos los detenidos puedan tomar una ducha diaria y se les provea de elementos de aseo personal.
2.- Garantizar que el médico de guardia realice recorridas por cada celda por lo menos tres veces por turno (mañana, mediodía y noche) y la asistencia por un profesional del área de la psicología como mínimo una vez al día, y el cumplimiento de tratamiento médicos y farmacológicos.
3.- Otorgar recreo diario con salidas al patio por lo menos una hora y la apertura de la puerta ciega. Refaccionar las instalaciones eléctricas y cloacales. También garantizar la entrega de agua caliente tres veces al día, la continua limpieza, higiene y desinfección de las celdas y espacios comunes y el funcionamiento permanente de todos los servicios.
El Ministerio de Seguridad y Justicia no solo no cumplió con la orden judicial, sino que agravó aun más las condiciones de detención en la Unidad. Esta desobediencia tuvo sus consecuencias: dos detenidos murieron en peleas en menos de una semana en la Unidad 28 (el 5 y 10 de febrero), víctimas del sistema de delegación de la violencia que se denunciaba en dicha presentación.
En la nueva inspección realizada el miércoles 9 de febrero de 2011, se constató no solo la continuidad de los hechos denunciados en 2010, sino la profundización de las situaciones denunciadas tres meses antes.
La Unidad alojaba más personas aun: de 712 pasó a alojar 789 detenidos sobre un cupo penitenciario de 578. La situación es aun más grave ya que 90 personas duermen en el piso sin colchones.
La sentencia judicial no había sido cumplida y se continuaban alojando tres y hasta cuatro detenidos por celda en SAC, en condiciones inhumanas, cloacas tapadas, olor nauseabundo, sin colchones y en aislamiento absoluto.
Lo denunciado es la regla: a pesar de que el Comité de Derechos Humanos de Naciones Unidas y el Relator de Personas Privadas de Libertad de la CIDH requirieron al Estado Argentino que termine con las graves violaciones de derechos en las cárceles provinciales la crisis estructural se agrava cada día.
El Ministerio de Seguridad y Justicia de la Provincia de Buenos Aires, no solo hace caso omiso a las recomendaciones de los organismos internacionales de derechos humanos. Se ubica por encima de la ley, e ignorando una sentencia judicial, ataca la base del sistema republicano de gobierno, que como funcionario público tiene la obligación de respetar.
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