Torturas en Salta: “Autoquerella” del gobierno.
Desde hace unos días, y como mencionáramos en el Boletín N° 666, cobraron notoriedad las torturas aplicadas por cinco policías a dos jóvenes en la comisaría 11ª de General Güemes, Salta -algo que CORREPI viene denunciando permanentemente desde hace 20 años como política de estado-, a raíz de un video que comenzó a circular en internet, en el que se veía a los torturadores en plena acción. Los medios de comunicación lo levantaron como noticia y distintos funcionarios políticos tuvieron que salir a dar explicaciones.
Como ocurrió, por ejemplo, en el caso por el asesinato de Walter Bulacio o en el de Franco y Mauricio, asesinados en José León Suárez en 2010, el gobierno kirchnerista utilizó la misma estrategia para limpiar su responsabilidad: inmediatamente después de difundidas las imágenes, la provincia de Salta se presentó como querellante en la causa contra los seis policías (los cinco que se ven en el video, más el que lo filmó), pretensión que fue rechazada por el juez Farah, al igual que el pedido de presentarse como querellante dela Comisión de Derechos Humanos de Diputados. ¡El estado, para defenderse, quiere ser querellante contra sí mismo!
El intento de presentarse como querellante del kirchnerista Urtubey, por medio de su ministro de Seguridad, Sylvester, intenta despegar al estado de su responsabilidad en la aplicación sistemática de torturas que, precisamente, utiliza como herramienta de control social -mayoritariamente sobre jóvenes de los barrios más pobres-, junto con el gatillo fácil.
Tenemos una víctima diaria que muere por la tortura o gatillo fácil. Desde CORREPI denunciamos permanentemente esta política represiva y el objetivo por el cual el estado la lleva a cabo. Sin embargo, funcionarios como Urtubey, Sylvester, Pace, utilizando la teoría de la “manzana podrida”, salen a hablar de estos policías como “bestias”, “miserables” o a decir que “no son policías sino delincuentes vestidos de policías", en una doble maniobra: en principio, para correr el foco de la responsabilidad del estado, entregando así, ante la mirada de la opinión pública, al engranaje más débil y reemplazable: los policías, pretendiendo ocupar el lugar de víctima o de afectado cuando en realidad son los victimarios. Por otra parte, aplican la herramienta legal que los legisladores ponen al servicio de los jueces para que éstos puedan garantizar impunidad a mismos verdugos: siempre “apremios ilegales”, nunca tortura, basándose en la explicación de que, como estamos en democracia, el submarino seco, el submarino mojado, la picana eléctrica, los golpes, etc., no son torturas.
La imputación de apremios ilegales en la causa contra los seis policías (Matías Cruz, Marcos Gordillo, Alberto Ontiveros, Leonardo Serrano, Héctor Ramírez y Roberto Barrionuevo) es otra muestra de cómo el estado protege mediante el sistema judicial a quienes ejecutan la represión. A diferencia de la tortura, los apremios ilegales tienen penas menores y son excarcelables; y, fundamentalmente, encubren la responsabilidad estatal, al no ser considerados técnicamente como delito de lesa humanidad (así lo estableció la Corte Suprema en el caso del comisario Derecho, en 2007).
Así vemos como funciona toda la maquinaria en su conjunto: por un lado condenan discursivamente a los torturadores que se dejan agarrar, mientras les aplican figuras legales que minimizan el hecho en sí y lo despegan de su naturaleza de crimen de estado.
Gatillo Neuquino: entre el aumento de los efectivos y las torturas a los presos....
En la ciudad capital de Neuquén, en la zona oeste (conocida por ser uno de los lugares más pobres de la ciudad sureña) en el barrio Cuenca XV, Matías Casas, de 19 años, fue asesinado por dos disparos en la espalda (uno de ellos le atravesó el abdomen) con el arma reglamentaria del suboficial Esteban Méndez de la comisaría 1ª del área de Investigaciones, quien lleva casi 24 años de servicio en la fuerzas del estado.
El lunes a la medianoche, Matías y su novia Micaela estaban en moto en una plaza del barrio, a punto de reunirse con sus amigos en la casa de una compañera. Mientras charlaban, se acercó el hijo adolescente del policía asesino. "Matías le dijo al pibe que le dijera al hermano que tenía que hablar con él", contó Adriana, la mamá de Micaela. Pero el pibe no se fue a buscar al hermano, se fue a buscar al padre... Mientras, Matías y Micaela caminaban bajando la calle con la moto al lado para despedirse. En ese momento apareció Méndez (quien paradójicamente gozaba de la "licencia policial") preguntando"¿quién es Matías?" y sin lugar a nada disparó entre los chicos una bala que hasta ahí no llegó a herir a ninguno. Matías subió a su moto e intentó escapar del lugar asustado, pero Méndez, fiel a su entrenamiento, con cuidado se preparó y apuntó, disparando dos tiros en la espalda del joven. Una Ford Ranger recogió al suboficial para seguir a Matías, quien, como pudo, siguió hasta las calles Novella y Rosario, donde cayó agonizando por desangramiento.
En el piso, el joven fue pateado por Méndez que ya se había bajado de su camioneta, no contento con verlo morir así como así. Loreley, la hermana de Matías, vio cómo el policía asesino, acompañado por una oficial que lo encubrió, lo pateaba a pesar de que el chico ya no daba más. Los demás policías se ocuparon de alejar a la gente, en una clara maniobra por encubrir al cobarde y a la institución. Matías siguió camino hasta caer a unos metros, donde un taxista lo socorrió y llevó de urgencia al hospital.
Matías finalmente falleció a las 9 de la mañana del lunes, en el Hospital Regional Castro Rendón. Su hermana, con muchísima bronca, dijo en una entrevista a un medio local: "Nosotros queremos que quede bien claro que mi hermano no tuvo tiempo de defenderse. Además queremos conseguir el nombre de los policías que intervinieron para accionar contra ellos porque no queremos que encubran a este tipo, porque esto es un caso de gatillo fácil".
La esposa del policía se acercó a la Comisaría 18ª a eso de las 3 de la mañana, a radicar la denuncia contra Matías por "agredir" a su hijo, arguyendo que fue quien inició el conflicto amenazando con un arma. Horas después, al enterarse del deceso, la cobardía policial no fue suficiente y Méndez se vio obligado a entregarse, siendo trasladado a la Unidad Penal nº 11 para no sufrir incidentes, según los voceros oficiales. Y habrá que detenerse a pensar si en esa cárcel los policías cuentan, como en casi todas, con todo el privilegio y la seguridad a su alrededor, mientras los presos son brutalmente torturados por las palizas y otros métodos más "sofisticados", como alertan las reiteradas denuncias que hacen a través de los organismos de derechos humanos y las distintas organizaciones políticas de la región.
Unas tras otras, imágenes, hechos y palabras, ponen en evidencia que el accionar policial no es un aparato que deja al azar la acción, el proceso, y el resultado: mientras al suboficial le levantan las vainas de los cartuchos que él disparó, lo trasladan a una celda cómoda en un penal donde el amedrentamiento les otorga un poder sistemático, y le caratulan la causa como un simple homicidio, los pibes pobres en los barrios siguen siendo asesinados todos lo días, sin la posibilidad de vivir lo que ellos quieren.
A la policía les queda el Estado. A nosotros, la organización y la lucha.
Dos formas de aplicar la misma política represiva: desaparición y criminalización de la protesta.
La represión selectiva, la que caracterizamos como aquella que el Estado descarga sobre los que se organizan y luchan contra la explotación, tiene varias formas de ser aplicada según las circunstancias específicas de cada caso y de lo que requiera el poder para cada necesidad. El objetivo siempre es el mismo: frenar la lucha y disciplinar a los trabajadores para que agachen la cabeza y acepten la explotación.
En este caso tenemos el ejemplo de dos formas diferentes de aplicar esta política: por una parte, la desaparición de Daniel Solano en Choele Choel y por otra la criminalización de la protesta que sufre la comunidad de Indio Colalao, donde la justicia libró órdenes de detención para 25 integrantes de esta comunidad en Tucumán, misma provincia donde la policía asesinó al dirigente indígena de 68 años, Javier Chocobar.
Daniel Francisco Solano desapareció el 5 de noviembre de 2011 en la localidad rionegrina de Choele Choel. Había viajado desde Salta, de donde era oriundo, para trabajar en la cosecha de frutas. La explotación sufrida, las precarias condiciones de trabajo y vivienda y la paga miserable lo llevaron a organizarse contra la patronal de Agro Cosecha, pata local de la multinacional Expofrut. Fue elegido delegado por sus compañeros y estaba impulsando una huelga a la que iban a adherir 250 de los 300 trabajadores golondrinas que trabajaban con él. En un principio, la patronal intentó comprarlo como alcahuete de sus compañeros. Ante la negativa de Daniel, se planificó su desaparición en Macuba, un boliche de la zona, donde dos testigos vieron como cuatro policías lo golpeaban y subían a un móvil. Estos dos testigos, una pareja que iba en moto, siguió al patrullero hasta un descampado, donde Daniel fue subido a otro vehículo en el que iban tres policías de civil y ahí les perdieron el rastro.
Cuando esta pareja se dirigió a la comisaría a hacer la denuncia, vieron que dos de los policías que estaban ahí, eran los mismos que habían levantado a Daniel. A partir de ese momento, comenzaron a recibir amenazas, al igual que la familia de Daniel Solano, que se trasladó a Choele Choel para buscar su cuerpo y exigir justicia.
El padre de Daniel permanece en Río Negro, y levantó, junto con la solidaridad de los vecinos, nucleados en la Comisión Solidaridad y apoyo a la familia Solano, una carpa para continuar denunciando lo que pasó con Daniel y lo que sufren los jóvenes cotidianamente: aprietes, torturas y detenciones arbitrarias. Gualberto Solano se encadenó en la fiscalía y realizó una huelga de hambre para exigir la detención de los policías Sandro Berthe, Pablo Bender, Juan Barrera, Diego Cuello, Héctor Martínez, Pablo Albarrán y Roberto Quidel, todos ellos implicados materialmente en el secuestro y torturas de Daniel. En total hay 22 policías imputados y desde la familia se exige que se investiguen las responsabilidades de la empresa y se busque al que entregó a Daniel. La única respuesta que obtuvo la familia por parte del gobernador de Río Negro, Alberto Weretilneck, fue la orden de que levanten el campamento.
En Tucumán, el fiscal Guillermo Herrera ordenó la detención de 25 comuneros de Indio Colalao a pedido del terrateniente Fredy Moreno Núñez Vela. La comunidad viene llevando a cabo desde hace tiempo una lucha contra el avance sojero sobre sus tierras y esta medida, claramente, es un intento de amedrentamiento para que la comunidad abandone la lucha. El gobierno kirchnerista de Alperovich echa mano a todas las herramientas que el menú represivo le ofrece: desalojos, asesinatos y en este caso el código penal. Bien le vino enviar a su gabinete a la Reunión Plenaria del Consejo de Seguridad Nacional (ver boletín N° 602) para saber que herramienta aplicar según el caso.
La política es la misma, lo que cambia es la herramienta. En Río Negro se recurrió a la desaparición y en Tucumán al poder judicial. Lo que representan también es lo mismo: los intereses de los explotadores: terratenientes, multinacionales y pooles sojeros. Al igual que el gatillo fácil y las torturas en lugares de detención, es una política de Estado, ejecutada por sus empleados: policías, jueces y fiscales. Nuestra respuesta por ello, no puede ser otra que la organización y lucha.
Plan Ahí: la militarización continúa.
En el marco del Plan Nacional de Abordaje Integral (Plan Ahí), el gobierno kirchnerista anunció, a través del Ministerio de Seguridad que dirigen Nilda Garré y su secretario de Seguridad, Sergio Berni, el envío de las FFAA a varias villas de la ciudad de Buenos Aires y el Gran Buenos Aires.
Así, se mandaron tropas del ejército y equipos a cuatro barrios pobres de la localidad bonaerense de San Martín, cercana a Campo de Mayo; la Fuerza Aérea desplegó un hospital militar de campaña y otros equipos en la villa “1-11-14” del Bajo Flores y la Armada se instaló en la villa 31 de Retiro.
Este nuevo despliegue de fuerzas represivas para el control social de los barrios, se suma a los operativos Cinturón Sur y Centinela, mediante los cuales gendarmería militarizó los barrios más pobres de la ciudad de Buenos Aires y otras del país, y a medidas para incrementar la presencia policial en las calles, como la creación de la policía vecinal.
De esta manera, un trabajador que vive en Lugano, por poner un ejemplo, sale de su casa, y en pocas cuadras se encuentra con la Policía Federal, la Policía Metropolitana, la Gendarmería, la Prefectura y ahora, las Fuerzas Armadas. Lindo panorama como para pensar en organizarse y cambiar las cosas ¿no?
Este modelo de militarización para el control social no es nuevo, el kirchnerismo lo ha importado de Brasil y Colombia, donde los respectivos gobiernos atestaron las villas y los barrios pobres de militares y policía, argumentando “un avance en la lucha contra el delito y el narcotráfico”, cuando, en realidad, las fuerzas represivas cumplen la misma función de siempre, la única que pueden cumplir en este sistema, que es la de ejercer el control social que el mismo estado le encarga.
Este tipo de medidas, que este gobierno “nacional y popular” viene llevando a cabo desde el inicio de su gestión allá por 2003, vienen de la mano de toda una búsqueda de consenso, con explicaciones que apuntan a la “mejora de las condiciones de vida” de la gente de los barrios más pobres, argumentando que las fuerzas armadas van a realizar trabajos de infraestructura y a solucionar problemas. Nilda Garré declaró ante los medios que “mediante este plan vamos resolviendo los problemas que tienen los habitantes de las villas. Lo hacemos en todo el país, aunque en la Ciudad de Buenos Aires, como el Gobierno de la ciudad no se ocupa de los sectores humildes y más vulnerables, debe ocuparse el Estado Nacional”.
Por su parte, Sergio Berni, secretario de Seguridad, afirmó que “ni de aquí en adelante ni nunca” el gobierno ordenará a las fuerzas de seguridad federales “reprimir una protesta social”. Silencia, claro, la represión de Prefectura a los trabajadores del Casino en 2007; la represión con la Gendarmería a los manifestantes en los cortes contra la megaminería; la represión a los docentes de Sta. Cruz y en el Indoamericano por la Policía Federal, y muchísimos ejemplos más, que nos muestran que este gobierno, lejos de no reprimir la protesta social, se especializa en reprimir –con el costo de 17 asesinados en manifestaciones desde 2003- al tiempo que tratan de generar el mayor consenso posible alrededor de sus medidas represivas. Con argumentos seudoprogresistas y lindas palabras, disfrazan que la crisis pega duro y que, como buen gobierno que defiende los intereses de unos pocos, debe reforzar el control social sobre el pueblo explotado, no sea que la cosa se desborde.
El forcejeo imposible y el juicio al “violador fácil”.
El 23 de enero de este año, en el barrio porteño de Balvanera, el policía federal Alexis Naredo mató a Yon Camafreitas (18), a pocas cuadras de su casa. A pesar de la evidencia de fusilamiento que surgía de la ubicación del disparo, en el costado derecho de la nuca, y la trayectoria de la bala, de arriba hacia abajo, una confusa declaración del policía, basada en una larga serie de “no me acuerdo” y en la afirmación muy poco original de que “se le cayó el arma, no sé cómo se montó y disparó”, le valió el dictado de una falta de mérito, con lo que salió en libertad.
Seis meses después, las pericias encargadas al gabinete de policía científica de Gendarmería cuentan una historia bien diferente:
La pistola 9 mm estaba apoyada en el cráneo de Yon, tan cerca que los restos de la deflagración de pólvora entraron directamente en la herida, atravesando limpiamente la gorra roja que llevaba puesta. Si el disparo se hubiera producido a mayor distancia, los gases y partículas hubieran quedado en la tela.
En segundo, pero no menor lugar, los peritos determinaron que la única posición de víctima y victimario que permite hacer coincidir, en la trayectoria del disparo, los orificios de entrada y salida en la cabeza de Yon y el posterior impacto en una persiana de metal a 80 cm.del suelo, es con el policía de pie y Yon semi agachado. Las demás hipótesis, incluida la que sostuvo el asesino, de que ambos estaban de frente y de pie, fueron descartadas por “inviables”.
Pese a que este informe se recibió en la fiscalía 38ª hace dos semanas, Naredo sigue libre.
También en libertad está otro policía federal, Jesús Walter Yapura, que el 1º de enero de este año forzó a un niño de 14 años, amenazándolo con su arma reglamentaria, a practicarle una fellatio en la estación Congreso de Tucumán del subterráneo de la Línea D.
Esta semana, el 1º de agosto, el tribunal oral nº 1 iniciará el juicio al policía violador, que fue excarcelado por la cámara criminal pocos días después del hecho, a pesar de que está procesado por abuso sexual doblemente calificado.
Dada la edad de la víctima, y la naturaleza del crimen, el juicio se celebrará sin público, con la familia del niño como querellantes, acompañados por CORREPI.
No se escucha a los habituales comunicadores que sistemáticamente agitan con la peligrosidad de delincuentes sueltos, preocuparse por estos dos criminales vestidos de uniforme que caminan muy tranquilos por nuestra ciudad.
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