El repudio de los partidos políticos fue puro oportunismo ante las elecciones, porque la ley estaba cajoneada desde hace cinco meses", aseguró Paula Ferreyra, representante de la Asamblea Popular del Agua. La asambleísta dejó en claro que la amenaza contra la minería contaminante "no cesa" ya que hay muchos proyectos como el de San Jorge. Asimismo, pidió a la población "colaboración" ya que la ley 7.722 "corre peligro", porque, según el Asamblea, la intención de San Jorge es provocar la inconstitucionalidad de esta ley.
En el Valle de Uco
Unos 150 sancarlinos se reunieron en el nudo de Bernardo Quiroga y Ruta 40, a la altura de Eugenio Bustos, para pedir la desadhesión de Mendoza a la Ley nacional 24.196 de Inversiones Mineras. La mayoría fueron jóvenes, quienes se sienten cada vez más identificados con esta causa que protege el agua y el medio ambiente local.
Los autoconvocados se mostraron conformes con la participación, dado que se trató de un día laboral. Repartieron folletos a los vehículos que pasaban por el lugar y la movilización se prolongó hasta pasado el mediodía."La ley, a la cual Mendoza adhirió, fue elaborada en la década del ?90 y dispone que las empresas no paguen retenciones, sólo deben dejar un 3 por ciento en concepto de regalías a la provincia, incluso descontar de ese monto el costo del traslado del material hasta la sede de la empresa, con lo cual queda un 1 por ciento de las ganancias. Además, la minera dice cuanto material extrajo, sin ningún tipo de control", reclamó Fabiana Villafañe, una de las autoconvocadas.Lo bueno de la norma es que considera a las provincias dueñas de esos recursos. Los autoconvocados del Valle de Uco piden que los legisladores se centren en ese poder dado por ley para elaborar una propia que reclame impuestos para Mendoza.
Fuente: Los Andes
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